Mientras la Justicia desmonta montajes policiales en Chile, en Argentina se repite un libreto conocido: acusaciones políticas adelantadas, estigmatización de comunidades indígenas y desmentidas judiciales que llegan cuando el daño ya está hecho.
La historia reciente del Cono Sur vuelve a mostrar un patrón inquietante: cuando el poder político necesita orden, legitimidad o un culpable rápido, la narrativa suele adelantarse a la prueba judicial. La comparación entre la Operación Huracán en Chile y las acusaciones oficiales por los incendios en la Patagonia argentina expone cómo el Estado puede construir enemigos internos aun cuando la evidencia no acompaña, o directamente los contradice.
Chile: la Operación Huracán y el montaje que terminó en condenas
En 2017, Carabineros de Chile lanzó la llamada Operación Huracán, un operativo de inteligencia que apuntó contra comuneros mapuche acusados de terrorismo por supuestos incendios rurales en La Araucanía. La causa fue presentada públicamente como un golpe decisivo contra el “extremismo indígena” y se apoyó en presuntas conversaciones de WhatsApp obtenidas desde teléfonos incautados.
Con el correr de la investigación, esa narrativa comenzó a derrumbarse. Peritajes técnicos independientes demostraron que los mensajes no provenían de interceptaciones legales, sino que habían sido implantados artificialmente en los dispositivos luego de las detenciones. No existía software de escucha real ni respaldo técnico para sostener las acusaciones.
La causa contra los comuneros se cerró y se abrió una nueva investigación, esta vez contra los responsables del montaje. Ese proceso concluyó el 12 de enero de 2026, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a seis imputados, entre ellos altos mandos de Carabineros y civiles vinculados a la fabricación de informes falsos.
Las sentencias establecieron que hubo falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y manipulación deliberada de pruebas. El fallo dejó una certeza histórica: la Operación Huracán fue un montaje estatal, diseñado para sostener una narrativa de terrorismo mapuche sin base real.
Argentina: incendios, acusaciones y un relato que la Justicia desmiente
Años después, del otro lado de la cordillera, un escenario distinto reproduce lógicas similares. Durante la grave ola de incendios que afectó a la Patagonia argentina entre 2024 y 2025, funcionarios del Gobierno nacional y voceros políticos comenzaron a vincular públicamente a comunidades mapuches y a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) con el origen del fuego, incluso calificándolos como terroristas.
El Ministerio de Seguridad llegó a declarar a la RAM como organización terrorista, una decisión ampliamente cuestionada por carecer de pruebas concretas que la vinculen con los incendios actuales o con la mayoría de las comunidades mapuche de la región.
Sin embargo, la narrativa oficial encontró un límite claro en el propio sistema judicial. El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, a cargo de la investigación, desmintió públicamente esas versiones en una entrevista con el programa Buenas Tardes China, conducido por Jairo Straccia.
Díaz Mayer fue categórico: no existen indicios que vinculen a comunidades mapuches ni a ciudadanos de origen israelí con el inicio de los incendios. Señaló que la investigación analiza posibles focos intencionales con uso de acelerantes, pero aclaró que esas acusaciones no surgen del expediente judicial y están “totalmente descartadas”.
Además, explicó que el lugar donde se habría iniciado el fuego no corresponde a un área recreativa, pero que ello no habilita a construir culpabilidades sin evidencia concreta.
La comparación entre ambos casos resulta inevitable. En Chile, la acusación política y mediática derivó en un montaje probado y condenado judicialmente. En Argentina, las acusaciones políticas se adelantaron a la investigación, mientras fiscales y jueces se ven obligados a desmentir públicamente versiones difundidas desde el poder.
El patrón se repite: primero se señala a un enemigo interno; después, si ocurre, la Justicia corrige el relato. Pero esa corrección llega tarde, con menor impacto y escasa capacidad de revertir la estigmatización instalada.
El costo institucional de gobernar con sospechas
Estos casos dejan una enseñanza común. Cuando el Estado construye narrativas de culpabilidad sin respaldo probatorio, no solo vulnera derechos individuales y colectivos, sino que erosiona la credibilidad de las propias instituciones.
La experiencia chilena demuestra que los montajes no son impunes para siempre. La situación argentina plantea una advertencia temprana: difundir acusaciones sin pruebas puede convertirse en un daño estructural, aun cuando la Justicia las desmienta.
Entre incendios reales y relatos ficticios, el riesgo es que el fuego que más perdure no sea el del bosque, sino el de la desconfianza social.
