Por Noelia Carrazana
El Gobierno de Daniel Noboa desplegó un operativo militar y policial en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, que dejó tres comuneros asesinados, decenas de heridos, 172 detenidos, 15 desaparecidos temporalmente y múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos, entre ellas el ingreso de militares a hospitales para detener heridos, el impedimento al trabajo de abogados defensores, y la violación de la autonomía universitaria en Quito.
La represión, ocurrida durante todo el día 15 y el día 16 de octubre, fue calificada por organizaciones sociales como terrorismo de Estado.
Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), las fuerzas de seguridad actuaron con violencia extrema durante la jornada del miércoles en Otavalo y Cotacachi, tras el ingreso de un supuesto convoy humanitario que, en realidad, funcionó como una avanzada militar encubierta.
En varios videos que se compartieron en medios comunitarios o redes sociales se pudieron observar a militares y policías disparar munición real y gases lacrimógenos a corta distancia, provocando la muerte de José Alberto Guamán, comunero de Chachibiro; Rosa Elena Paqui, del pueblo Kichwa Saraguro, y Efraín Fuérez, de Cotacachi.
Imágenes verificadas por medios comunitarios muestran a uniformados apuntando directamente al rostro de manifestantes, lanzando gas dentro de viviendas y golpeando a comunicadores populares que documentaban la represión.
“Nos tiraron a los ojos, al pecho, sin advertencia. Decían que traían ayuda, pero venían con fusiles”, relató una comunera desde Peguche.
Hospitales militarizados y persecución a heridos
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) denunció que convoys militares ingresaron a hospitales y centros de salud en Imbabura para detener a personas heridas durante las protestas.
Fuentes médicas confirmaron que el personal recibió órdenes de no brindar atención a manifestantes y, en caso de hacerlo, informar de inmediato a la Policía Nacional.
Estas acciones violan el artículo 32 de la Constitución del Ecuador, que reconoce el derecho a la salud como un derecho fundamental e irrenunciable, así como la Ley Orgánica de Salud y la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, que garantizan atención médica sin requisitos previos.
Según INREDH, al menos seis heridos fueron detenidos dentro de hospitales y trasladados a centros penitenciarios sin autorización judicial.
Familiares denunciaron que los abogados no pudieron acceder a los detenidos ni a los centros de salud donde permanecían internados, lo que constituye una obstrucción al derecho a la defensa y al debido proceso.
Violación de la autonomía universitaria en Quito
Tras conocerse los hechos de Imbabura, la noche del miércoles se registraron movilizaciones espontáneas en Quito, Cuenca y Riobamba.
En la capital, fuerzas policiales irrumpieron en los alrededores de la Universidad Central del Ecuador, lanzando gases lacrimógenos dentro del campus y reprimiendo a estudiantes y docentes que se manifestaban pacíficamente.
Organizaciones universitarias denunciaron la violación de la autonomía universitaria, protegida por la Constitución (art. 355), que prohíbe el ingreso de fuerzas armadas sin autorización del rectorado.
“Nos gasearon dentro de las aulas, había estudiantes desmayados y gente refugiándose en los baños”, relató una vocera estudiantil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hicieron un llamado urgente al Gobierno ecuatoriano para cesar la represión y abrir un diálogo intercultural genuino.
“La paz no se impone con fusiles: se construye respetando la vida y los derechos humanos”, afirmaron en su comunicado.
Comunidades en resistencia: el paro continúa
A pesar de la violencia estatal, las comunidades de Imbabura, Cotacachi y Otavalo mantienen asambleas y cabildos permanentes, exigiendo justicia para las víctimas, reducción del precio de los combustibles y reparación a las familias de los asesinados y heridos.
En solidaridad, comunidades de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Pichincha anunciaron que se movilizarán en los próximos días hacia los puntos de resistencia del norte.
“Si el Estado manda soldados, nosotros mandaremos médicos, alimentos y dignidad”, declaró la CONAIE al anunciar el Convoy Humanitario de los Pueblos, que partirá desde Cotopaxi hacia Imbabura para asistir a las víctimas.
