El asesinato de una bebé de un año y ocho meses en la provincia de Bocas del Toro a causa de la exposición a gases lacrimógenos durante una intervención policial, ha generado una ola de indignación y denuncias por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la niñez.
La ONG Aldeas Infantiles SOS Panamá fue la primera en dar a conocer públicamente el caso, ocurrido en la comunidad de Pueblo Nuevo en el contexto de las protestas contra la polémica Ley 462, que reforma el sistema de pensiones del país. En un comunicado oficial, la organización lamentó “profundamente” el fallecimiento de la menor y expresó su “solidaridad con su familia”, señalando que los gases habrían sido lanzados dentro del hogar donde se encontraba la bebé, una de las prácticas más cuestionadas durante las recientes jornadas de represión.
Domingo Barrios, presidente de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS, condenó el uso “desmedido e irresponsable de la fuerza” por parte de la Policía Nacional, señalando que se ha vulnerado el derecho fundamental de la niña a la vida y a un entorno seguro. Barrios también advirtió que la organización presentará las denuncias correspondientes y elevará el caso a instancias internacionales, en el marco de la Convención Internacional de Aldeas Infantiles SOS, que reúne a más de 145 países.
La Defensoría del Pueblo de Panamá se sumó a las acciones formales, presentando una denuncia ante el Ministerio Público el jueves 26 de junio. En el documento, la entidad exigió una investigación “exhaustiva” sobre el fallecimiento de la menor, e invocó el principio del interés superior del niño, consagrado en la Ley 285 de 2022, que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Además, la Defensoría solicitó a la Policía Nacional información urgente y detallada sobre adolescentes presuntamente detenidos durante el estado de emergencia decretado en la región. En su nota oficial, exigió conocer el paradero, situación legal y condiciones actuales de los menores aprehendidos, subrayando la prohibición de detenciones arbitrarias y maltratos.
Mientras tanto, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, negó que hayan ocurrido confrontaciones o denuncias formales en esa zona específica de Bocas del Toro. Sin embargo, diversas organizaciones sociales y medios independientes han reportado repetidos casos de represión, cortes de internet y violaciones a derechos fundamentales en el marco del prolongado conflicto social.
El estado de urgencia vigente, prorrogado por el Consejo de Gabinete hasta el domingo 30 de junio, ha sido ampliamente criticado por limitar garantías constitucionales, como el acceso a servicios de comunicación, en una región que ya enfrenta graves desafíos estructurales.
El fallecimiento de esta niña vuelve a poner en el centro del debate la necesidad urgente de garantizar la protección de la infancia en contextos de conflicto social, así como de asegurar el respeto a los derechos humanos frente a la actuación de las fuerzas de seguridad. La exigencia de justicia y de acciones concretas para evitar nuevas tragedias se hace hoy más fuerte que nunca.
