Mientras el gobernador de Chubut Ignacio Torres y funcionarios del gobierno nacional, incluida la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, atribuyen los incendios en la Patagonia a comunidades mapuche, el ex werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Rio Negro Orlando Carriqueo denunció una nueva avanzada de criminalización sin sustento judicial y alertó sobre intereses inmobiliarios y extractivos detrás del fuego. El dirigente recordó la existencia de explosivos de origen militar hallados en la zona y cuestionó la ausencia de investigaciones sobre esos hechos.
Los incendios forestales que afectan a amplias zonas de la Patagonia argentina han reavivado tensiones políticas y territoriales en el país. Autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, señalaron que algunos fuegos habrían sido iniciados de forma “intencional” y expresaron la intención de encontrar y sancionar a quienes los provocaron, incluso con recompensas públicas para su localización.
En este marco, sectores del Ejecutivo nacional y la senadora Patricia Bullrich han sugerido que podrían existir vínculos entre los incendios y “grupos terroristas autoproclamados mapuche”.
Bullrich, quien fuera titular de la cartera de Seguridad y hoy es integrante de la Cámara alta, ha mantenido discursos públicos en los que vincula a agrupaciones vinculadas al pueblo mapuche con violencia y actos que afectan la seguridad pública.
Sin embargo, esta versión oficial ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones indígenas, sectores de la sociedad civil y por la propia Justicia provincial.
El fiscal a cargo del caso: “No tengo nada que indique eso”
Contrario a las declaraciones oficiales, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, quien encabeza la investigación penal por los incendios, desmintió categóricamente que existan evidencias que permitan vincular a comunidades mapuche con la iniciación del fuego.
En diálogo con medios nacionales, Díaz Mayer aseguró: “Yo no tengo nada de eso en la investigación. No sé qué información tendrá la Ministra, yo no tengo nada de eso, no hay nada de eso. Yo descartaría de plano esa situación”.
Esta postura contradice la línea difundida por sectores del gobierno que han planteado —sobre la base de indicios preliminares sin respaldo judicial— la posible participación de grupos autodefinidos como mapuche en los incendios.
La respuesta mapuche: “Operación histórica de criminalización”
En entrevistas con Radio Gráfica y medios alternativos mapuche como Werken, Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, rechazó las acusaciones oficiales y las describió como parte de un patrón estructural de persecución política.
Carriqueo señaló que se está utilizando la tragedia para desviar la atención de la falta de políticas públicas efectivas de prevención y respuesta, y para justificar el reforzamiento de mecanismos de seguridad y control territorial. “Lo primero que se hace es desviar la atención sobre el déficit del Estado en la prevención y mitigación del fuego. No hay presupuesto, no hay planificación, y estamos en medio de una crisis climática”, afirmó Carriqueo.
El dirigente también advirtió que el discurso oficial cumple una doble función: ocultar fallas en la gestión estatal y deslegitimar la oposición indígena a proyectos extractivos y comerciales que operan en la región.
Carriqueo denunció además que la aparición de explosivos de uso militar en zonas cercanas a los incendios fue rápidamente silenciada por las autoridades, sin ninguna investigación pública sobre su origen o implicancias. “Hace pocos días se encontraron al menos seis explosivos dentro de un lago, materiales que son de fabricación del Ejército. Sin embargo, nadie investiga eso. En cambio, se acusa sin pruebas a comunidades mapuche”, indicó.
Hasta el momento no existen registros oficiales ni judiciales accesibles que hayan confirmado públicamente estos hallazgos como parte de la investigación en curso.
Carriqueo también denunció la subejecución de fondos internacionales dirigidos al combate y prevención contra incendios, citando estudios periodísticos que indican fallas en la implementación de recursos destinados a estos fines.
Asimismo, cuestionó los discursos oficiales que niegan la extranjerización de tierras rurales en la Patagonia, señalando que, según informes técnicos, más del 13 % de esas tierras estaría en manos de capitales extranjeros o inversores externos. Estas tensiones territoriales se insertan en una disputa más amplia sobre el uso y destino de los recursos naturales.
Desde una perspectiva más amplia, Carriqueo vinculó los incendios y las acusaciones a la comunidad mapuche con un modelo político y económico que prioriza intereses extractivos y de seguridad por encima de la protección ambiental y los derechos de los pueblos originarios.
Las principales víctimas del fuego
Lejos de ser responsables de los incendios, las propias comunidades mapuche se encuentran entre las más afectadas por las llamas. En localidades como Puerto Patriada, familias indígenas han perdido viviendas, ganado y territorio ancestral, fortalecer el argumento de que las acusaciones oficiales no solo carecen de respaldo judicial sino que también invisibilizan a quienes sufren las consecuencias más directas de la catástrofe. “Decir que el pueblo mapuche incendia su propia tierra es desconocer completamente nuestra cultura. Nosotros somos parte del territorio, no lo destruimos”, concluyó Carriqueo.
La situación en la Patagonia pone en evidencia una disputa estructural: el control del territorio, la gestión ambiental y las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios. En un contexto global de crisis climática, social y económica, la criminalización de comunidades indígenas por catástrofes ambientales, nte la ausencia de pruebas judiciales, ha generado una fuerte respuesta de sectores sociales y defensores de derechos humanos, que exigen una investigación imparcial, políticas públicas efectivas y el respeto a los derechos colectivos.
Un rumor que circulo sobre el para que se realizan de manera intencional estos incendios fue la venta de tierras por parte del estado, respecto a ello Chequeado precisó que el Gobierno de Javier Milei no derogó la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815), que establece restricciones estrictas para la modificación del uso del suelo luego de un incendio, pero sí impulsa cambios legislativos que flexibilizarían esas prohibiciones.
Actualmente, la normativa impide realizar loteos, ventas o actividades productivas en tierras incendiadas durante 60 años en zonas con bosques nativos y 30 años en áreas agropecuarias, una cláusula clave para desalentar incendios intencionales con fines inmobiliarios o extractivos. Sin embargo, el Consejo de Mayo propuso eliminar esos artículos, lo que organizaciones socioambientales y comunidades indígenas advierten que podría abrir la puerta a la especulación inmobiliaria y la extranjerización de tierras en la Patagonia, en un contexto de fuerte reducción presupuestaria para la prevención y el combate del fuego.
Fuentes:
Prensa Obrera
Radio Gráfica
El Repaso
Werken, comunicados del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro
Chequeado
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
