Por Redacción
El Gobierno peruano ha decretado estado de sitio en Lima Metropolitana y Callao, afectando a más de diez millones de personas, tras una jornada de movilización nacional marcada por la represión policial, el asesinato de un manifestante y un creciente malestar social frente a la crisis de seguridad. Mientras tanto, un congresista presentó un proyecto de ley que permitiría legalizar las extorsiones al convertirlas en deducciones del impuesto a la renta, en un contexto donde el crimen organizado gana terreno y las autoridades parecen incapaces —o no dispuestas— a enfrentarlo con decisión.
El presidente José Jerí, quien enfrenta una denuncia penal por violación y una creciente pérdida de legitimidad, anunció que no renunciará al cargo, a pesar de que amplios sectores ciudadanos, organizaciones sociales y líderes regionales demandan su salida. En su declaración, Jerí afirmó que “las medidas excepcionales buscan devolver el orden”.
La masiva movilización del 15 fue en Lima y varias regiones del Perú en medio de una crisis social y política marcada por el avance del crimen organizado y el descrédito de las instituciones. La protesta, que congregó a más de 100 mil personas en calles de Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo y otras ciudades, fue impulsada por el rechazo a las leyes que blindan a las mafias, la exigencia de seguridad frente a las extorsiones que afectan a más de 450 mil comerciantes y transportistas.
En medio de la jornada, la Policía Nacional asesinó al joven manifestante Ronald Añamuro Huamán, de 24 años, durante la represión de la protesta en Lima. Días después, la propia institución reconoció su responsabilidad en el disparo letal. La protesta dejo un saldo de más de 100 heridos y decenas de detenidos, lo que fue duramente criticado por organismos de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que señaló “un uso desproporcionado de la fuerza y una criminalización abierta de la protesta social”.
El estado de sitio declarado restringe derechos fundamentales como la libertad de tránsito, reunión y la inviolabilidad del domicilio. A pesar de ello, las movilizaciones continúan y se articulan con nuevas demandas que cuestionan el rol del Congreso, en particular por un proyecto de ley que normaliza el pago de extorsiones como gasto tributario.
Un proyecto que indigna: “¿Vamos a legalizar el delito?”
En medio de la crisis, el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, del partido Somos Perú, presentó el Proyecto de Ley N.º 12793/2025-CR, que plantea permitir que las empresas o personas naturales que sufran extorsión puedan deducir esos pagos del impuesto a la renta. En palabras del legislador, el objetivo es “reflejar la verdadera capacidad contributiva de quienes enfrentan el cobro de cupos”, siempre que puedan acreditar el delito mediante una declaración jurada con firma legalizada y huella digital.
La propuesta ha sido duramente criticada por diversos sectores, que la califican como un intento de legalizar las extorsiones y formalizar la presencia del crimen organizado en la economía formal. “Esto no es ayudar a las víctimas. Es aceptar que el Estado ha fracasado en protegerlas y, peor aún, premiar a los criminales”, sostuvo la abogada penalista Romy Chang en entrevista con medios locales.
El rechazo no se limita al contenido del proyecto, sino al contexto político en que se presenta. Mientras se discute esta iniciativa, el Congreso se niega a derogar un paquete de leyes que han debilitado la lucha contra el crimen organizado, incluyendo la Ley N.º 31751 que redujo la eficacia de la colaboración eficaz, herramienta clave para desarticular mafias y redes de corrupción.
Además, continúan vigentes normas que limitan el uso de escuchas telefónicas, amplían beneficios penitenciarios a sentenciados por delitos graves como narcotráfico y lavado de activos, y otorgan amnistías a militares investigados por ejecuciones extrajudiciales. “Este Congreso ha aprobado leyes que favorecen la impunidad y ahora propone otras que blanquean el delito. Es una rendición frente al crimen organizado”, advirtió la politóloga Paula Távara.
Transportistas paralizan Lima: “Nos matan por no pagar cupo”
La crisis de seguridad también se ha trasladado a las calles. El pasado 10 de octubre, Lima amaneció paralizada por un paro nacional de transporte convocado por los principales gremios del rubro, en protesta por las extorsiones, asesinatos y amenazas que sufren los choferes a diario. “Nos están matando por no pagar cupos”, denunció un representante de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte.
El detonante fue un ataque en un colectivo del Callao, donde cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas el conductor. Aunque el gremio ya había realizado una protesta previa, la violencia se ha recrudecido en las últimas semanas, llevando al paro total de unidades en Lima y otros distritos como San Martín de Porres, Comas y Carabayllo. La protesta también fue respaldada por trabajadores de mercados y comerciantes, que reportan amenazas similares.
En respuesta, el Ejecutivo declaró en estado de emergencia varios distritos, lo que para los sindicatos fue una muestra de autoritarismo y desconexión con la realidad. “Nosotros pedimos seguridad, no más represión. No necesitamos que nos militaricen, sino que desarticulen a las bandas”, señaló el dirigente transportista Jorge Rimarachín.
Al mismo tiempo, se pronunciaron contra una iniciativa del Gobierno que busca tipificar como “terrorismo urbano” delitos como extorsión y sicariato, argumentando que eso solo criminaliza aún más a poblaciones vulnerables y no ataca el problema de fondo: la colusión entre crimen organizado y estructuras del Estado.
La Defensoría del Pueblo destacó que la protesta fue mayoritariamente pacífica, aunque se registraron algunos incidentes menores. “La ciudadanía está exigiendo respuestas reales, no medidas simbólicas ni represivas”, declaró en un comunicado.
El Perú atraviesa una crisis multifacética: un presidente cuestionado, un Congreso que en lugar de legislar para proteger a la población parece normalizar el delito, y una sociedad que, frente al abandono institucional, sale a las calles arriesgando su vida para exigir justicia y seguridad. Como sintetizó un manifestante durante la marcha del 15-O: “Nos matan las mafias, y cuando protestamos, nos mata el Estado”.
