La diputada chilena María Luisa Cordero Velásquez (84), médica psiquiatra e independiente vinculada a la coalición Chile Vamos, generó una fuerte polémica internacional al afirmar en la Cámara de Diputados que los bolivianos “nacieron en el altiplano y, por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral”, calificándolos como “tontorrones” y “portadores crónicos de una encefalopatía hipóxica sin remedio”.
Las declaraciones se produjeron en un debate sobre una moción para controlar la importación de vehículos y frenar el robo de automóviles, un problema vinculado con el ingreso de autos desde Bolivia. Durante su intervención, Cordero citó un supuesto estudio de “norteamericanos de vacaciones en Bolivia” para justificar su afirmación sobre la bradipsiquia, término que empleó para describir la supuesta lentitud mental de los bolivianos.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, repudió los dichos y anunció que la Cancillería tomará acciones a través de los canales diplomáticos establecidos. En Chile, el canciller Alberto van Klaveren y el cónsul general Fernando Velasco calificaron las declaraciones como xenófobas y rechazaron que representen al Estado chileno.
El historial de Cordero incluye comentarios discriminatorios hacia personas con discapacidad, figuras del deporte y del espectáculo, así como polémicas declaraciones públicas que vulneran la dignidad de distintas personas. Su discurso actual sobre los bolivianos se enmarca en una perspectiva positivista y determinista, similar a teorías históricas que justificaron la deshumanización de pueblos indígenas en América del Sur.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia manifestó su preocupación, calificando los dichos como un acto de xenofobia que vulnera la dignidad humana y podría afectar los derechos fundamentales de la población boliviana en Chile. La institución coordinará acciones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) chileno y hará seguimiento a medidas de las autoridades bolivianas para prevenir nuevas expresiones discriminatorias.
Especialistas en derechos humanos y organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalan que la xenofobia y la discriminación producen efectos graves en quienes la sufren, incluyendo estrés crónico, ansiedad, depresión, dificultades de integración social, exclusión laboral y escolar, y sensación de inseguridad en espacios públicos y privados. Estos organismos recomiendan que los Estados adopten medidas preventivas, como educación en derechos humanos, campañas públicas de sensibilización, acceso igualitario a servicios públicos y la creación de mecanismos efectivos para denunciar y sancionar los actos discriminatorios.
El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de figuras públicas en la promoción de discursos que pueden reproducir estereotipos raciales y sociales, y sobre la importancia de proteger los derechos de las poblaciones migrantes y vulnerables.
