Por Noelia Carrazana
Quito, 29 de junio de 2025 – Desde el domingo 23 de junio, habitantes del cantón Las Naves, ubicado en la provincia de Bolívar, Ecuador, denuncian una serie de operativos represivos ejecutados por fuerzas policiales contra comunidades campesinas e indígenas que rechazan el avance del proyecto minero Curimining. La empresa, que impulsa la explotación en esta zona, mantiene vínculos societarios con el Grupo Nobis, conglomerado fundado por Isabel Noboa, tía del presidente Daniel Noboa.
Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Frente Nacional Antiminero (FNA), la Policía Nacional ha actuado como fuerza de seguridad de la empresa, resguardando maquinaria y reprimiendo a pobladores de la parroquia La Unión, quienes impiden el ingreso de equipos al área del proyecto. Hasta el momento, se reportan al menos dos personas heridas por armas de fuego: un joven de 20 años con un disparo en la cabeza y una mujer alcanzada en el hombro.
«Esta acción, ordenada por el Gobierno y en complicidad con la empresa, busca callar la legítima protesta de quienes defienden el agua, el territorio y la vida», expresó la Conaie en su cuenta de X (antes Twitter).
Las organizaciones sociales sostienen que la empresa no realizó la consulta libre, previa e informada, tal como establece la Constitución ecuatoriana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento jurídico internacional ratificado por Ecuador en 1998. Esta omisión vulnera los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos del área.
“No queremos minería, queremos seguir sembrando”
Lejos de ser meros “opositores”, como muchas veces los etiquetan desde el poder, las comunidades de Las Naves son sujetos políticos activos que defienden su derecho a decidir sobre su territorio y a sostener una forma de vida basada en la agricultura, la ganadería y el cuidado del agua. En palabras de una de las lideresas locales, difundidas por redes comunitarias: “Nosotros no queremos minería. Queremos seguir sembrando, criando nuestros animales, vivir tranquilos”.
Impactos de la minería en América Latina
Diversos estudios académicos y reportes institucionales documentan los impactos negativos de la minería a gran escala en países latinoamericanos. Por ejemplo:
- En Perú, el proyecto Las Bambas ha generado más de 500 conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo entre 2016 y 2023. El Ministerio del Ambiente ha documentado 1.115 fuentes de agua contaminadas por actividad minera en dicho país.
- En Honduras, el informe 2022 de la Red de Afectados por la Minería (REDAMINH) señala que el proyecto minero San Andrés ha provocado el desvío del cauce natural del río Lara, contaminación con metales pesados y desplazamiento de comunidades lencas sin consulta previa.
- En Argentina, un informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCMAL) advierte que el proyecto Agua Rica, en Catamarca, amenaza glaciares y ya ha provocado filtraciones de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio. Las comunidades de Andalgalá mantienen una resistencia sostenida desde hace más de 20 años.
Sin pronunciamiento oficial
Hasta el cierre de esta edición, ni el Gobierno Nacional ni el Ministerio del Interior han emitido declaraciones respecto a la intervención policial en Las Naves ni sobre los heridos reportados. Tampoco se ha confirmado si existe una orden judicial que justifique el uso de la fuerza en la zona del conflicto. Esto genera mayor preocupación sobre la falta de garantías constitucionales en los territorios rurales y sobre el uso de la fuerza para favorecer intereses económicos privados.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y medios comunitarios continúan documentando los hechos. Tanto la CONAIE como el FNA han reiterado su demanda de que se detenga la violencia, se respete el derecho a la autodeterminación territorial y se suspenda la actividad minera hasta que se cumplan las garantías legales y constitucionales.
