Radio Pichincha
En el extremo norte del Distrito Metropolitano de Quito se levanta San Miguel del Común, una comuna indígena de la parroquia de Calderón perteneciente al pueblo Quitucara de la Nacionalidad Kichwa, amparada en los derechos colectivos reconocidos en el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador.
El pasado domingo 19 de octubre, esta comunidad volvió a vivir una escena de terror. En medio del paro nacional que se desarrolla desde inicios de mes, miembros de la Policía Nacional y del Ejército ingresaron violentamente a la comuna, lanzando gases lacrimógenos y bombas aturdidoras sin respetar la presencia de niños, personas mayores ni personas con discapacidad.
Durante la madrugada, mientras un grupo de mujeres resguardaba las entradas principales para evitar el ingreso de uniformados, los agentes irrumpieron sin autorización en territorio comunal. “Nosotros como somos de la tercera edad y no podíamos correr, estábamos en la iglesia ayudando. Entraron y nos tiraron bombas. Tuvimos que correr por la plaza. Somos mayores, no alcanzamos a correr”, relató una comunera.
Las bombas lacrimógenas fueron lanzadas incluso al interior de viviendas. Una madre de familia denunció que uno de los proyectiles rompió los vidrios de su casa y cayó sobre las cortinas, provocando un incendio menor y afectando a sus hijas de 5 y 9 años, que sufrieron asfixia. “El gas estaba más adentro que afuera. Mis niñas lloraban, estaban ahogadas. Mi abuelo, enfermo, casi se desmaya. Yo les pedía piedad a los policías, pero no hicieron caso”, narró entre lágrimas.
Los testimonios recogen el impacto del operativo en personas con enfermedades crónicas y en adultos mayores. “Mis papás tienen diabetes y no podían caminar. Les gritábamos a los policías que tuvieran compasión, pero seguían lanzando gases. Yo tuve que sacar mi Biblia para que me dejaran entrar a mi casa”, contó otra mujer de la comuna.
Las familias aseguran que los uniformados se burlaban con gestos obscenos, riéndose de los pedidos de auxilio. Los niños, según las madres, han quedado traumatizados.
En cada jornada de protesta, la comuna se organiza para sostener una olla comunitaria, con la que alimentan a quienes resguardan las entradas. Sin embargo, las mujeres denunciaron que la Policía lanzó gases sobre el alimento y luego se llevó las ollas.
“Nosotras cocinamos para la gente que sale a protestar porque no tenemos trabajo, vivimos del campo. Pero los policías botaron gas a la comida y se llevaron las ollas. No les importó que hubiera personas con discapacidad y enfermos con oxígeno”, detallaron las comuneras.
Herido grave y amenazas en hospital
Entre los heridos se encuentra Jaime S., jornalero de 50 años, quien recibió un impacto de proyectil en el rostro mientras levantaba las manos en señal de paz. El golpe le provocó la pérdida total del ojo derecho y daño parcial en el izquierdo .“Se acercó para pedir que no ataquen más, que había niños y ancianos, y un policía le disparó al rostro”, relataron los testigos.
Tras ser trasladado de urgencia al Hospital del IESS Quito Sur y luego al Hospital Eugenio Espejo, uniformados encapuchados ingresaron al área de emergencia para intentar detenerlo. El personal médico intervino para impedir el arresto y denunció hostigamiento policial dentro del hospital.
Informe de derechos humanos y violaciones constitucionales
De acuerdo con los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT, las comunidades indígenas tienen derecho al respeto de su territorio y a ser consultadas en decisiones que las afecten. La Constitución ecuatoriana (artículos 57, 66 y 77) prohíbe el uso desproporcionado de la fuerza y garantiza la inviolabilidad del domicilio y de los territorios ancestrales.
Las acciones denunciadas en San Miguel del Común configuran graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas:
- Uso excesivo de la fuerza contra población civil.
- Ataques a viviendas e infraestructura comunal.
- Intimidación a personal de salud y violación de la integridad personal.
- Represalias contra comunidades indígenas en ejercicio de protesta legítima.
Organizaciones sociales y de derechos humanos exigen una investigación independiente e inmediata, la reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición.
A pesar del miedo y la militarización en la entrada principal de la comuna, por el sector de La Virgen, los comuneros aseguran que seguirán resistiendo. “Nos duele ver sufrir a nuestros hijos y nietos, pero no dejaremos de luchar por una vida digna. Dios nos dará fuerza y justicia”, concluyó una de las madres
Reportó para Radio Pichincha, Diana Dávila.
Aquí el informe completo de Radio Pichincha:
