(Nota públicada en Andar Agencia)-El martes 14 la policía provincial de Chaco desplegó una inusitada cantidad de efectivos para reprimir una manifestación de comunidades Qom de la localidad de Villa Río Bermejito que reclamaban al gobierno nacional por la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad y otros programas de la seguridad social que en los últimos dos años fueron eliminados. En un intento de simular el llamado protocolo anti piquetes que regula el accionar de las fuerzas federales en manifestaciones públicas, el gobernador de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, ordenó liberar por la fuerza la ruta donde se manifestaban las comunidades. En diálogo con ANDAR, el presidente del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT) de Chaco, Darío Edgardo Gómez, afirmó que “por el poco tiempo que tardaron en llegar los refuerzos, fue evidente que el operativo estaba planificado”.
ANDAR en Chaco
(Agencia) “De acuerdo a lo que pudimos reconstruir, inicialmente se habían desplegado 70 agentes de la policía provincial –que, por supuesto, no pertenecen al destacamento de Villa Río Bermejito, donde viven alrededor de 8 mil personas- y luego llegaron, en un tiempo extremadamente corto para la distancia que separa a la localidad con la capital de Chaco, otros 350 efectivos. Se utilizaron gases inhabilitantes, disparos con postas de goma a zonas vitales del cuerpo y fueron detenidas durante varias horas al menos cinco personas”, enumeró el presidente del MLPT de Chaco, Darío Edgardo Gómez.
El desproporcionado y brutal operativo dejó a más de 80 personas heridas, y circularon videos de los manifestantes en los que se observa a varios agentes policiales arrojando piedras a quienes se movilizaban. Asimismo, se registró la violencia desplegada por las fuerzas sobre mujeres y niños, y varias de las personas heridas recibieron impactos de bala de goma en la espalda mientras intentaban alejarse del lugar de la represión.
Frente a este escenario, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Consejo Federal de Mecanismos locales emitieron un comunicado en rechazo a los hechos de represión y violencia institucional sufrida por integrantes de pueblos indígenas en manos de la policía de la Provincia de Chaco, en el marco de una manifestación en la que reclamaban por la suspensión de pensiones no contributivas por discapacidad.
“Durante el despeje forzoso (de la ruta) por parte de las fuerzas de seguridad locales, se registraron disparos con postas de goma con impactos a la altura del tórax y el rostro, así como el uso de gases de dispersión manual de forma antirreglamentaria, vulnerando los principios de necesidad y proporcionalidad que deben regir en cualquier intervención que implique el uso de la fuerza pública”, señalaron.
También destacaron que el fuerte operativo se realizó sin contemplar que los pueblos originarios son un grupo especialmente vulnerable que el Estado debe resguardar y proteger. Sumado a ello, la presencia de mujeres y niñas y niños entre las personas manifestantes agrava el accionar de las fuerzas estatales.
Tal como explicó a ANDAR Darío Edgardo Gómez, el accionar policial contra las comunidades Qom se enmarca en los discursos oficiales que deslegitiman y desprotegen a quienes se manifiestan, entre ellos las alusiones del Ministerio de Seguridad provincial que intentó vincular la manifestación por las pensiones de discapacidad con fines partidarios.
“El escenario social es muy delicado en Villa Río Bermejito. La gran mayoría de los habitantes pertenecen a la etnia Qom, y los ingresos de esas familias casi en todos los casos dependen de la ayuda del estado a través de sus distintos programas. Sin embargo, no solo se han dado de baja arbitraria y masivamente las pensiones por discapacidad sino también se ha cortado la provisión de alimentos a organizaciones comunitarias por parte del Ministerio de Capital Humano y se han eliminado otras líneas de asistencia a estos sectores vulnerables”, amplió el presidente del MLPT de Chaco.
Y concluyó: “Es un escenario complicado y bastante inusual pero peligroso el que se abrió con la represión del martes. Entendemos que podría formar parte de una iniciativa del gobierno provincial por adaptar e implementar aquí el protocolo conocido como anti piquetes. Por eso manifestamos nuestra preocupación y rechazo a este operativo policial, al considerar que el papel de las fuerzas es el de encauzar y resolver –sin recurrir a la violencia- los problemas y tensiones en el espacio público”.
La represión dejó al menos 85 personas heridas en Villa Río Bermejito
(Nota públicada el 17 de octubre)-Hasta ayer una médica forense había revisado a 33 personas lesionadas. El jefe de la Policía del Chaco reconoció que recibió una orden expresa de la autoridad política de «no permitir ningún tipo de interrupción del tránsito». Sin embargo, la represión se desató a pesar de que se había acordado que solo se cortaría media calzada de la ruta provincial 3.
Al menos 85 integrantes de la comunidad Qom de Villa Río Bermejito, pueblo ubicado en la “puerta del Impenetrable”, en el departamento General Güemes de la provincia del Chaco, terminaron heridos por la represión policial del martes último en horas del mediodía.
Así lo informó a Salta/12 la defensora adjunta del Poder Judicial de la provincia del Chaco, Gisela Gauna Wirz. La funcionaria precisó que hasta el momento la médica forense asignada a tal fin revisó a unas 33 personas.
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Su intervención se inició el mismo martes en horas de la tarde, cuando llegó hasta Villa Río Bermejito, pueblo recostado sobre el cauce del río homónimo, a casi 70 kilómetros de Juan José Castelli, cabecera del departamento General Güemes.
Al ver a las personas heridas, Wirz consultó si habían denunciado estas agresiones. Algunos le respondieron que no se las querían recibir. Otros, en cambio, sostuvieron que preferían no presentar denuncias por temor a represalias. “Les dije que estaba dispuesta a acompañarlos y que si iban conmigo iban a estar amparados”, contó la funcionaria.
La defensora fue acompañada por un perito traductor, entre otros funcionarios. Como ya señalaron otras personas que concurrieron a este pueblo cuando se desató la represión, señaló que le llamó la atención la cantidad de policías.
Wirz habló con las autoridades a cargo de la comisaría local, les dijo que las personas lastimadas querían denunciar, sorprendentemente, se escudaron en una supuesta “cuestión de imparcialidad” que les impedía recibir las denuncias. “Les dije que con mi presencia esa cuestión quedaba subsanada”, indicó la defensora, quien agregó que también se encontraba en compañía de la coordinadora de Pueblos Indígenas en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco.
La reticencia a denunciar duró hasta que uno de los referentes, Laurencio Rivero, que está entre los primeros golpeados en la represión, decidió formalizar una acusación.
Un acuerdo irrespetado
Según la versión de Rivero, iniciaron la caminata en reclamo de la restitución de beneficios sociales como pensiones no contributivas (por Invalidez) y la asignación universal por hijo.
El referente dijo que al pasar por la comisaría, llegaron a un acuerdo con los jefes policiales para cortar solo media calzada de la ruta provincial 3. Pero antes de arribar al punto en que iban a realizar la protesta, vieron que estaba la Policía y una persona que fue identificada como uno de los jefes de la fuerza “dio la orden de que comiencen a reprimir”.
Los uniformados fueron directamente contra Rivero y varios de los manifestantes decidieron poner su cuerpo para protegerlo.
La denuncia del referente se extendió y la jornada del martes terminó a las 23.30. Por esto, la comitiva de la Defensoría Pública volvió el miércoles a Villa Río Bermejito, día en que encontraron a las personas lastimadas en una asamblea. “Incluso, algunos manifestaron que había gente que no pudo ir porque estaba en cama” por las lesiones provocadas por la represión, contó.
La comitiva explicó que podían y tenían derecho a denunciar. Pero aún no se animaban, entonces Rivero les dijo que él había denunciado y los instó a hacer lo mismo.
Preocupación
Gauna Wirz dijo que siente preocupación porque supo que comunidades de distintos puntos del Chaco tienen la idea de “salir al costado de la ruta” en protesta por los acontecimientos en Villa Río Bermejito.
Por otro lado, vio que en Villa Río Bermejito continuaba habiendo “movimientos extraños y camiones con tráileres” que llevaban caballos, al parecer, de la Policía Montada. “No quiero ser mal pensada. Pero me parecía una provocación”, afirmó.
Por su parte, el también referente de la zona Roberto Díaz mostró a Salta/12 una foto con tres balines, parte de los que quedaron tras la represión del martes. Sostuvo que uno es de plomo.
Del otro lado, la información oficial del gobierno del radical devenido libertario Leandro Zdero apunta contra los manifestantes, a quienes describe como «piqueteros» que utlizaron «bombas molotov», además de hondas y palos, y lastimaron a 41 policías.
Ante la criminalización, el Comité contra la Tortura del Chaco emitió un comunicado en el cual sopesó las versiones de los hechos.
«El Jefe de Policía del Chaco, Comisario General Fernando Javier Romero, junto con el Subjefe, Comisario General Manuel Victoriano Silva, quienes se encontraban en el lugar, informaron a los comisionados que la represión se produce a partir de una supuesta agresión a personal policial, lo cual a la luz de los videos viralizados en redes sociales y portales digitales no queda del todo claro», afirmó antes de indicar que debería haber una investigación judicial «para ratificar o descartar esta hipótesis planteada por la máxima autoridad policial».
El Comité destacó que»Romero expresó que tenía afectados a este operativo a 350 policías de toda la provincia, que se quedarían 3 días en la localidad, y agregó que la policía del Chaco no hace ningún tipo de mediación o gestiones ante organismos o ministerios, destacando que la orden expresa que tiene de la autoridad política es no permitir ningún tipo de interrupción del tránsito».
“La represión a una protesta social pacífica constituye un hecho de extrema gravedad. El uso de la fuerza estatal debe regirse por los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, especialmente cuando se trata de comunidades históricamente vulneradas”, señaló el presidente del Comité contra la Tortura del Chaco, Darío Gómez.
Por su parte, la vicepresidenta de este Comité, Romina Duarte, sostuvo: “nos preocupa la criminalización de la protesta y el despliegue de fuerzas policiales desmedidas en contextos donde se reclaman derechos básicos. Estamos acompañando a las víctimas y monitoreando la situación para garantizar que no haya nuevas vulneraciones”.
