Por Julio Camargo y Bianca Feifel
En el evento se presentaron delegaciones de pueblos indígenas de todo Brasil; carta pide demarcación urgente de tierras. En el primer día del Acampamento Terra Livre (ATL) 2024 , miles de indígenas de todas las regiones de Brasil se reunieron en Brasilia para luchar por los derechos de los pueblos originarios y por la demarcación de tierras. El eje central de la discusión de este lunes (22) fue el legado de la mayor movilización indígena del país, que este año llega a su vigésima edición. Los mandatarios también entregaron una carta con solicitudes dirigida a los tres poderes de la República.
“Esperamos que el Estado brasileño demarque nuestra tierra , porque sin ella no podemos vivir como nuestra cultura lo permite”, defendió Hélio Verá de la Comisión Guaraní Yvypura al hablar de la importancia de los 20 años de ATL.
“Es a través del campo que podemos dialogar con gobiernos, diputados y parlamentarios. Sin tener la tierra demarcada, no tenemos derecho a la salud , a una atención diferenciada. Por eso pido que el Estado brasileño se cuide de nuestras familias y también por nuestros derechos garantizados en la Constitución brasileña. Somos brasileños y verdaderos dueños de la tierra”, añadió.
El lema de la XX edición de ATL es “Nuestro Hito es Ancestral: Siempre hemos estado aquí” / Rafa Stedile
Se espera que asistan al campamento más de 8 mil personas de más de 200 pueblos indígenas de todo el país, según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), que organiza la ATL junto con sus siete organizaciones regionales de base: Apoinme, ArpinSudeste. , ArpinSul, Aty Guasu, Conselho Terena, Coaib y Comisión Guaraní Yvyru
“Seguimos movilizados y en la lucha. La ATL es la mayor movilización indígena de Brasil y la expectativa es que la ATL 2024 sea la más participativa de toda la historia , tanto en términos de número de personas como de representación de las personas. Es hora de reunirnos en asambleas y debatir los próximos caminos”, dice Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de Apib.
Resistencia indígena
La mañana del primer día de movilización indígena en el Complejo Cultural Funarte comenzó con una presentación de varias delegaciones indígenas. Personas de todos los biomas del país están presentes en la 20ª ATL.
“Celebramos 20 años de lucha y resistencia en la ATL. Una trayectoria que muestra la fuerza de quienes siempre han estado aquí, un ejemplo de acumulación de fuerza a través de la unidad de los pueblos. En 2004 iniciamos la ATL con cientos de indígenas personas y, hoy, somos miles”, celebró Apib.
La carpa Coiab recibió la presentación de la delegación del Pueblo Parakanã, recientemente contactada por indígenas de la región del estado de Pará, que participan por primera vez en el Campamento.
Los pueblos guaraníes Kaiowá, Pankará, Guarani Mbya, Kisedje, Kamayurá, Rikbatsa, Kayapó Pankararu, Pankararu Entre Serras, Pankararu Opará, Pankararu Angico, Fulni-ô, Xukuru Kariri, Kambiwa, Delegación del Pueblo Potiguara de Paraíba, Pueblos de Ceará, Pataxó de Minas Gerais y Tupinikim de Espírito Santo también actuaron en este primer día de lucha.
Además de reflexionar sobre los 20 años de la ATL como herramienta de lucha política, los participantes también recordaron el accionar de líderes históricos del Movimiento Indígena. Nega Pataxó, un líder indígena asesinado por ruralistas en el sur de Bahía en enero de este año, fue homenajeado en un acto de denuncia de la violencia contra los pueblos indígenas.
En la sesión plenaria “Ancianos y jóvenes indígenas: redes de resistencia y fortalecimiento de la lucha”, los participantes hablaron sobre el legado de movilización de líderes y jóvenes indígenas que siguen los caminos de la lucha.
“Cuando empezó la ATL no teníamos tanta estructura ni apoyo como hoy, y aun así los dirigentes que empezaron en ese momento estaban con ánimos de ver demarcadas sus tierras”, declaró Leonardo, líder de los guaraníes. personas que participaron en el plenario.
Manifiesto Indígena
La mayor manifestación indígena del país, uno de los programas de este primer día fue la presentación de la Carta de los Pueblos Indígenas de Brasil ante los tres Poderes del Estado.
En el documento, los indígenas señalan que a pesar del cambio de gobierno, “persisten amenazas a nuestros territorios, culturas y derechos, reforzadas por el contexto del año más caluroso jamás registrado en la historia, lo que pone de relieve la emergencia indígena en curso”.
Además, refuerzan los efectos de la aprobación de la ley nº 14.701/2023 – Ley Marco Temporal – sobre los pueblos originarios. “La nueva ley prevé la ‘legalización’ de delitos y premia a los invasores de territorios. En apenas el primer mes de vigencia de la ley nº 14.701/2023, la expansión del agronegocio y el arrendamiento de tierras para monocultivos y minería provocaron 9 asesinatos de indígenas y 23 conflictos en territorios ubicados en 7 estados y 5 biomas”.
La Carta presenta 19 demandas y urgencias del movimiento indígena al gobierno federal, entre ellas: completar el proceso de demarcación de las 23 Tierras Indígenas cuyos procesos administrativos de demarcación esperan ordenanza declarativa; determinación política y asignación presupuestaria para continuar con la demarcación, aprobación, protección y garantía de la posesión plena y permanente de todas las Tierras Indígenas; fortalecer el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la Funai y la Sesai con una asignación presupuestaria robusta y compatible con los desafíos de fortalecer las políticas y acciones dirigidas a los pueblos indígenas.
El Poder Legislativo solicita tres medidas, como el retiro de trámite y archivo definitivo de las Propuestas de Reformas a la Constitución que desconstitucionalizan derechos indígenas, como las PEC 132/2015, 48/2023, 59/2023 y 10/2024.
Desde el Poder Judicial, el movimiento indígena también pide tres medidas, entre ellas la declaración de inconstitucionalidad inmediata de la ley nº 14.701/2023 “para contener la violencia contra los pueblos indígenas, reafirmando la Ley Original y excluyendo definitivamente la aplicación de la tesis del Marco Temporal, en línea con la decisión de la sentencia del Recurso Extraordinario 1.017.365”.
Lea la Carta completa de los Pueblos Indígenas de Brasil a los Tres Poderes del Estado Acampamento Terra Livre a continuación:
Al conmemorar veinte años de lucha y resistencia del Acampamento Terra Livre, la manifestación indígena más grande de Brasil, escribimos esta carta en el contexto de un momento crucial para los pueblos indígenas de Brasil. A pesar del reciente cambio de gobierno, persisten las amenazas a nuestros territorios, culturas y derechos, reforzadas por el contexto del año más caluroso jamás registrado, que pone de relieve la emergencia indígena en curso. ¡Seguimos afirmando la URGENCIA por las demarcaciones de nuestras Tierras! Presidente Lula, ¡no queremos vivir en granjas! La propuesta hecha de comprar tierras para asentar a nuestro pueblo viola el derecho original de ocupación tradicional garantizado por la Constitución Federal de 1988. Ya estamos en el segundo año de Gobierno y sus promesas sobre demarcaciones siguen pendientes. Rui Costa, Ministro Principal de la Casa Civil, sigue “ordenando” las aprobaciones de Tierras Indígenas y no podemos admitir esta situación.
En una reciente declaración del presidente Lula, se mencionó que los gobernadores necesitan “algo de tiempo” para negociar sobre las demarcaciones de las tierras indígenas. Pero ¿qué pasa con nuestra época, la época de los pueblos indígenas? Nuestro tiempo es ahora, urgente e inaplazable. Mientras se discuten los plazos y se da más tiempo a los políticos, nuestras tierras y territorios siguen estando amenazados, nuestras vidas y culturas en riesgo y nuestras comunidades en una lucha constante por la supervivencia. No podemos simplemente tomarnos un descanso mientras se descuidan nuestros derechos fundamentales. El momento que queremos es el momento de la acción inmediata, donde cada segundo cuente para honrar nuestra ascendencia y proteger el futuro de nuestras generaciones y de la humanidad.
¡Basta de genocidio legislado! ¡Nuestros derechos no se pueden negociar y nadie quita los Derechos Indígenas de la Constitución! La entrada en vigor de la Ley nº 14.701/2023 es el mayor revés a nuestros derechos desde la redemocratización y provoca el derramamiento de sangre indígena en todo el país. El asesinato de Pajé Nega Pataxó Hã-Hã-Hãe debido al ataque de milicianos contra la reconquista del territorio Caramuru-Paraguaçu, en Bahía, es un ejemplo de ello. La nueva ley prevé la “legalización” de delitos y recompensa a los invasores de territorios. Tan solo en el primer mes de vigencia de la Ley N° 14.701/2023, la expansión del agronegocio y el arrendamiento de tierras para monocultivos y minería provocaron 9 asesinatos de indígenas y 23 conflictos en territorios ubicados en 7 estados y 5 biomas. La bancada de toros y balas ataca nuestras vidas y territorios y quiere sacar de la Constitución los derechos indígenas, pero el STF reafirmó que nuestros derechos originarios no pueden sufrir retrocesos.
Mientras ellos quieren pasar el ganado, ¡nosotros aldeamos al Estado! Después de mucha lucha y articulación por parte de la Campaña Indígena, elegimos la Banca Cocar en el Congreso Nacional y ocupamos por primera vez altos cargos en el Gobierno Federal y en los Gobiernos Estatales. Pero, para seguir ocupando espacios de poder, necesitamos la regulación de acciones afirmativas para enfrentar el racismo institucional. De esta manera, reconocemos los esfuerzos del Tribunal Superior Electoral y del Consejo Nacional de Justicia para garantizar una reserva de fondos y propaganda electoral para las candidaturas indígenas y al menos el 3% de las vacantes para indígenas en concursos públicos para el Poder Judicial. Sin embargo, necesitamos que las 3 Potencias se comprometan con la regulación inmediata y la ampliación de cuotas de indígenas en todas las competencias públicas.
Algunos medios de comunicación han dicho que la ATL excluyó la presencia de Lula en la movilización, pero en realidad quienes están siendo excluidos son las personas que no han tenido sus tierras demarcadas. Con la Amazonia brasileña como sede inminente de la COP 30, tenemos poco que celebrar mientras nuestros derechos territoriales y conocimientos ancestrales no se entiendan como la principal solución a la emergencia climática.
Ante esta innegable realidad, esta carta, dirigida a los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, conlleva las demandas y urgencias de nuestro movimiento. Nosotros en la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), junto con todas nuestras organizaciones de base regionales (Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espírito Santo (Apoinme), la Articulación de los Pueblos Indígenas de la Región Sur ( Arpinsul), la Articulación de Pueblos Indígenas de la Región Sudeste (Arpinsudeste), la Asamblea General del Pueblo Kaiowá y Guaraní (Aty Guasu), la Comisión Guaraní Yvyrupa, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab) y el Consejo del Pueblo Terena) buscamos medidas efectivas que aseguren la protección y fortalecimiento de los derechos indígenas, alineados con la dignidad y justicia históricamente reclamada por nuestro pueblo.
Al Poder Ejecutivo
- Demarcación inmediata de las Tierras Indígenas Morro dos Cavalos (SC), Toldo Imbu (SC), Xucuru Kariri (AL) y Potiguara de Monte-Mor (PB), anunciadas entre las tierras indígenas que serían aprobadas en los primeros 100 días de su cargo, como se indica en el informe del Gobierno de Transición.
- Conclusión del proceso de demarcación de las 23 Tierras Indígenas cuyos procesos administrativos de demarcación solo se encuentran a la espera de la ordenanza declarativa, y que se encuentran en el listado enviado por el Ministerio de Pueblos Indígenas al Ministerio de Justicia al momento de la reforma ministerial 2023.
- Determinación política y asignación presupuestaria para continuar la demarcación, aprobación, protección y garantía de posesión plena y permanente de TODAS las Tierras Indígenas existentes en todas las regiones y biomas de Brasil: Cerrado, Pampa, Pantanal, Caatinga, Mata Atlántica y Amazonía.
- Fortalecer el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la FUNAI y la Sesai con una asignación presupuestaria robusta y compatible con los desafíos de fortalecer las políticas y acciones dirigidas a los pueblos indígenas.
- Mayor compromiso del Gobierno Federal para interrumpir la agenda antiindígena en el Congreso Nacional, con compromiso concreto de la Casa Civil y del Ministerio de Relaciones Institucionales y líderes de Gobierno en el Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados.
- Asegurar el fortalecimiento del Subsistema de Salud Indígena a través de la Sesai y prevenir la municipalización de políticas y acciones dirigidas a los pueblos indígenas en materia de salud. Garantizar, en el ámbito de las políticas públicas de salud, el Control Social de la Salud Indígena, con la participación efectiva de los Consejos Locales y Distritales, el Foro de Presidentes de la Condsi y el movimiento indígena.
- Crear la Secretaría Específica de Educación Escolar Indígena, en el ámbito del Ministerio de Educación, para gestionar las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas y articular un Sistema Adecuado, integrado por equipos integrados por indígenas y especialistas, asegurando recursos financieros específicos para implementación y operación del Sistema, valorización de los profesionales y capacitación continua.
- Introducir la Educación Secundaria y Técnica Profesional en las escuelas indígenas, brindando una formación más integral y alineada con los proyectos corporativos de los pueblos indígenas. Así como garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes indígenas a la educación superior y posgrado, con la inclusión de los conocimientos tradicionales y las lenguas indígenas en los planes político-pedagógicos.
- Garantizar la autoaplicabilidad del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo al derecho a la consulta previa, libre e informada sobre cualesquiera medidas administrativas y legislativas que nos afecten, como la instalación de empresas en nuestros territorios, que excluye de la fase de planificación, seguimiento y evaluación, y diversas políticas que surgen en la nueva economía verde. Es fundamental que el gobierno respete los protocolos comunitarios producidos colectivamente por nuestro pueblo.
- Garantizar la implementación efectiva de espacios institucionales de participación y control social, respetando la autonomía de nuestro pueblo y sus legítimos órganos representativos.
- Instituir una política específica de seguridad y protección territorial que priorice la represión y eliminación rigurosa de todo tipo de organizaciones criminales que intensifican los conflictos y la violencia contra nuestros pueblos y territorios, intimidando a nuestras comunidades, persiguiendo y asesinando a nuestros líderes.
- Reestructurar efectivamente el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH), de manera que exista la suficiencia presupuestal necesaria, se considere la especificidad de los líderes indígenas amenazados y se dé atención por parte del Gobierno Federal a los problemas políticos en las relaciones con los estados federados y organismos de seguridad pública para implementar medidas de protección y establecer un diálogo pedagógico con el Sistema de Justicia para sensibilizar y equipar a los operadores jurídicos sobre la agenda de los defensores de derechos humanos.
- Financiamiento de Planes de Manejo Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas como alternativa comunitaria para contener la expansión de la minería industrial y la prospección en tierras indígenas.
- Implementar medidas para eliminar los impactos de la cadena de producción y exportación de materias primas en territorios indígenas, incluyendo la adopción de un sistema nacional de trazabilidad y el aval de regulaciones internacionales que busquen promover cadenas productivas libres de deforestación y violaciones de derechos. Además, refutar acuerdos bilaterales o multilaterales que promuevan la ampliación de la frontera agrícola, como el Tratado de Libre Comercio Mercosur – Unión Europea.
- Promover la sostenibilidad económica de nuestros territorios, estimulando y financiando múltiples formas de producción indígena. Una forma eficaz de promover la protección territorial contra el arrendamiento, la agricultura extensiva que utiliza pesticidas y las invasiones de acaparadores de tierras, madereros y diversas organizaciones criminales. Necesitamos generar ingresos y valorar los conocimientos ancestrales de nuestro pueblo que ha vivido en equilibrio con el medio ambiente durante generaciones.
- Crear políticas públicas específicas para mujeres, jóvenes e indígenas en contextos urbanos, con el objetivo de abordar las vulnerabilidades vividas, considerando las diversidades y organización social de cada pueblo.
- Impulsar la descarbonización de la matriz energética brasileña, con incentivos para energías renovables que prevengan y reparen daños socioambientales, con el debido respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, para proteger nuestros modos de vida, tradicionalidades y biodiversidad. de la producción a gran escala de energía. La producción de energías limpias debe, por tanto, incluir entre sus salvaguardas el control público del uso del suelo, la obligación de realizar consultas previas, EIA/RIMA, el seguimiento de los proyectos y la reparación integral de los daños causados.
- Consolidación de la experiencia del Comité de Exintrusión, derivada de los logros judiciales del movimiento indígena en la ADPF 709, en política pública de Estado, que regula y presupuesta la desintrusión de todas las tierras indígenas invadidas.
- Esfuerzo interministerial para la implementación del Convenio de Minamata en Brasil, garantizando espacios de participación indígena efectiva en este proceso y el compromiso del Poder Público con la presentación de medidas y presupuesto respectivo para la recuperación de territorios indígenas contaminados por mercurio utilizado en la minería ilegal.
Al Poder Legislativo
- Retiro de trámite y archivo definitivo de las Propuestas de Reformas a la Constitución que desconstitucionalizan los derechos indígenas, tales como la PEC 132/2015, PEC 48/2023, PEC 59/2023 y PEC 10/2024, teniendo en cuenta que los derechos indígenas son cláusulas permanentes y no pueden revocarse ni siquiera en forma de propuestas de enmienda a la Constitución Federal.
- Detener el genocidio legislado y aprobar proyectos de ley que garanticen derechos a los pueblos indígenas, convirtiendo al PNGATI en política de Estado (PL 4347/2021), reconociendo a los Agentes Indígenas de Salud y Agentes Indígenas de Saneamiento en el Subsistema de Atención de Salud Indígena (PL 3514/2019), permitiendo medidas para combatir la violencia contra las mujeres indígenas (PL 4381/2023) y garantizar cupos de indígenas en concursos públicos federales, estatales y municipales (PL 4386/2019, PL 5.476/2020 y PL 1.958/2021).
- Ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado brasileño, para comprometer a Brasil internacionalmente con la defensa del medio ambiente y sus defensores y aumentar la transparencia y la participación social en la toma de decisiones ambientales y climáticas.
al poder judicial
- Declaración inmediata de inconstitucionalidad de la Ley N° 14.701/2023 por parte del STF para contener la violencia contra los pueblos indígenas, reafirmando la Ley Original y excluyendo definitivamente la aplicación de la tesis del Marco Temporal, en línea con la decisión del Recurso Extraordinario 1.017. 365.
- Reglamento de la Consulta en el que el TSE reconoció el derecho de las candidaturas indígenas a reservar fondos y propaganda partidaria, para impulsar el alineamiento de la política institucional a partir de las elecciones municipales de 2024 en adelante, ampliando la bancada de tocados en los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Además de la autodeclaración de las candidaturas indígenas, el movimiento indígena exige que exista una declaración de los líderes indígenas que den fe de la pertenencia étnica del candidato según los usos, costumbres y tradiciones de cada pueblo.
- Garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, mediante el uso obligatorio de intérpretes en lengua nativa y la elaboración de un informe antropológico que tenga en cuenta la comprensión de la comunidad indígena sobre las conductas típicas imputadas por la justicia penal y observe nuestros propios mecanismos de juicio y sanción. .
¡SIN DEMARCACIÓN NO HAY DEMOCRACIA! ¡DILE AL PUEBLO QUE SIGA ADELANTE!
NUESTRO HITO ES ANCESTRAL ¡SIEMPRE ESTAREMOS AQUÍ!
Fuente: BdF Distrito Federal
Edición: Flávia Quirino
Brasil de Fato | Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2024.
