En el marco del debido proceso, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz emitió anoche la histórica sentencia de 10 años de cárcel a Jeanine Añez en el juicio ordinario que enfrentó junto a exjefes policiales y militares por el caso Golpe de Estado II, por la comisión de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes en 2019.
A más de 11 horas de la instalación de la última fase del proceso, el presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Germán Ramos, procedió a la lectura de la resolución de sentencia después de deliberar por más de ocho horas de manera ininterrumpida hasta dictar el veredicto final.
El Ministerio Público durante el juicio ordinario presentó pruebas y declaraciones testimoliales que indicaron que Añez adecuó su conducta al artículo 153 del Código Penal, el cual refiere a resoluciones contrarias a la Constitución, las leyes, y al artículo 154 del mismo cuerpo normativo por incumplimiento de deberes.
“El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia (…) por voto unánime de sus integrantes, falla y declara sentencia condenatoria de los acusados Williams Kaliman (excomandante de las FFAA), Vladimir Yuri Calderón (excomandante de la Policía), Jeanine Añez Chávez (expresidenta de facto de 2019), (…) condenándolos a la pena privativa de libertad de 10 años a cumplir en el centro penitenciario de San Pedro y en Miraflores de la ciudad de La Paz, a partir de la fecha hasta el 10 de junio de 2032”, señaló Ramos en la lectura de la sentencia.
Además declaró sentencia condenatoria de cuatro años de privación de libertad para los acusados Jorge Elmer Fernández (exinspector de las FFAA) y Sergio Orellana (excomandante de las FFAA en la gestión de Añez); mientras que el excomandante del Ejército Jorge Pastor Mendieta fue sentenciado a tres años de prisión y el exjefe de Estado Mayor de las FFAA Flavio Arce San Martín a dos años. Todos cumplirán condena en el centro penitenciario de San Pedro por el delito de incumplimiento de deberes.
Existen suficientes pruebas que solventan el dictamen del Tribunal, como el contundente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que detalla las graves violaciones a los derechos humanos; además de los seis informes internacionales que descartan el supuesto fraude electoral de 2019.
Cabe destacar que faltan los juicios por masacres y corrupción que se vivió durante el gobierno de facto.
Fuente: Ahora el Pueblo
