Marcha federal Universitaria pone en valor la Educación Pública

Este martes, en todo el territorio argentino la gente salió a las calles en defensa de la educación pública, luego del recorte presupuestario para la educación superior y los ajustes que viene sosteniendo el gobierno nacional en materia educativa y de trabajo. 

Bajo el lema “la educación es un derecho, no un privilegio”, nuestro país ha luchado desde hace siglos por una educación accesible para todos. Argentina es pionera en el carácter gratuito.

En esta línea, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) analizó en base a cifras oficiales la dinámica de las transferencias a universidades e indicó que el presupuesto vigente es el más bajo de la historia. Las transferencias de fondos a las más de 50 universidades nacionales cayeron durante el primer trimestre un 34,2% en promedio, si se compara con lo que había sido enviado a esa misma altura el año pasado.

Hace 40 o 50  años atrás, en Argentina la frase “mi hijo el doctor o mi hijo el abogado”, era para pocas familias, sin embargo, eso fue cambiando a lo largo del tiempo.

A partir de 1949 a través del Decreto Presidencial N° 29337, y tras un largo proceso, se logró la tan ansiada democratización en el acceso a la educación superior en el país. 

Luego de la vuelta a la democracia, las universidades argentinas eliminaron el cobro de aranceles. 

Entre 2003 y 2015 se sancionaron 19 leyes que establecen la creación de universidades nacionales. Nueve de ellas se ubican en la Provincia de Buenos Aires. El resto están en Río Negro (2007), Chaco (2007), San Luis (2009 y 2014), Tierra del Fuego (2009), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2014), Santa Fe (2014) y Misiones (2015). Así, por primera vez todas las provincias del país tienen al menos una universidad nacional en su territorio.

El gobierno de Javier Milei una de las primeras medidas que tomó fue suspender la apertura y poner bajo revisión las cinco universidades que creó el Congreso Nacional por ley durante la gestión de Alberto Fernandéz. 

Según un relevamiento del 2020 en las universidades Arturo Jauretche, Avellaneda, Guillermo Brown, Hurlingham, José C. Paz, Moreno, Oeste y Scalabrini Ortiz el alumnado que es primera generación (padre, madre o padre y madre)  alcanzaba un piso mínimo del 80%.

Jorge Aliaga, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Hurlingham y ex subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia entre 2014 y 2015 señaló en ese momento que: “Hay un dato real de la población. En los últimos 50 años aumentó mucho la proporción de población en edad de estar en la secundaria que está efectivamente estudiando en este nivel. A principios de los ‘70 era el 25-30% y hoy es más del 80%”, y agregó: “Eso hace que haya una proporción mucho mayor de la población que esté más ‘cerca’ académicamente de entrar a la universidad. Si, además, eso lo acompañas con que hay universidades físicamente más cercanas, se multiplica el efecto”.

En este contexto, testimonios de estudiantes en esa situación destacaron que “es muy triste que nos quedemos sin universidad por falta de presupuesto”, en tanto, otra estudiante dijo “yo quiero poder estudiar, yo quiero poder progresar, poder salir adelante y quiero que mi país tenga un futuro”, “la universidad para mí es fundamental” indicó otra.  «Una movilización como no vi desde hace 25 años», decía una periodista de experiencia. Con la educación pública ¡no! le dijo la población a Javier Milei.

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