Por Lucía Guadagno
En el inicio de una nueva campaña de trigo en la Argentina, dos de las principales empresas alimenticias del país, Arcor y Molinos Río de la Plata, informaron que no compran ni utilizan el trigo transgénico HB4 para fabricar sus productos. Tampoco se exporta: si bien algunos países lo aprobaron para su consumo, los compradores privados no lo aceptan. Según explicaron en la Federación de Acopiadores de Cereales, el transgénico termina en la harina que producen los molinos que abastecen a panaderías, fábricas de pastas o pizzerías.
Este invierno será el tercero en la historia de la alimentación mundial en que se siembre y se comercialice sin restricciones un trigo transgénico. Y ocurrirá en la Argentina, el primer país del mundo en aprobarlo. Se trata del trigo HB4 de las empresas Bioceres y Florimond Desprez, que se promociona como tolerante a la sequía y es resistente al glufosinato de amonio, un herbicida más tóxico que el glifosato. Se considera un hito porque, hasta ahora, las multinacionales de semillas transgénicas y agrotóxicos habían logrado imponer su tecnología en cultivos como soja o maíz pero no habían conseguido hacerlo con el trigo. Uno de los obstáculos fue siempre el rechazo de la población a comer transgénicos asociados a agrotóxicos, además de ser el trigo uno de los cereales más consumidos de manera directa en todo el mundo.
Desde que el trigo transgénico está en el mercado argentino, un solo molino —La Esmeralda, en Santa Fe— publicitó que lo utiliza. Lo hizo el año pasado en un evento organizado por Bioceres, en el que se anunció que 25 molinos ya procesaban el HB4 en el país. Entre los clientes de La Esmeralda se encuentran las principales cadenas de panaderías de Córdoba, según informa la empresa en su sitio web.
Sobre el resto de los molinos, panaderías y minoristas, no hay precisiones. Esto se debe a que en la Argentina no es obligatorio identificar los productos elaborados con transgénicos, como sí lo es en Brasil, por ejemplo.
En el Congreso de la Nación, entre 1999 y 2024, se presentaron más de 70 proyectos de ley para que el etiquetado sea obligatorio (en algunos casos se trata del mismo proyecto presentado varias veces, luego de perder estado parlamentario). Sin embargo, hasta el momento, ninguno prosperó.
El trigo HB4 fue desarrollado por Trigall Genetics, una empresa conjunta (joint-venture) integrada por Bioceres Crop Solutions y la multinacional francesa Florimond Desprez. Bioceres es de origen nacional, con sede en Rosario. Entre sus iniciadores y principales accionistas se encuentran los empresarios Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman.
Aprobación irregular
El trigo transgénico fue autorizado en 2020 por el gobierno de Alberto Fernández sin hacer estudios de impacto ambiental ni consultas públicas, tal como lo exigen la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Sólo se tuvieron en cuenta los informes confidenciales que presentó la empresa interesada.
Estas irregularidades llevaron a que el fiscal federal Fabián Canda pidiera suspender su venta y cultivo. Lo hizo en dos oportunidades, primero en 2021 —a un año de la autorización de la siembra—, y luego en 2022, cuando se liberó la comercialización. Sin embargo, hasta el momento ningún juez ordenó la suspensión a nivel nacional. Donde sí hubo una orden judicial de frenar las autorizaciones fue en la provincia de Buenos Aires, en julio de 2022. Pero esa orden fue revertida por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, en marzo de 2023, y ahora se espera la decisión final de la Suprema Corte de Buenos Aires.
En paralelo, científicos y organizaciones de la sociedad civil, tanto en Argentina como en otros países del mundo, llevan adelante campañas para exigir que se suspenda su aprobación por los riesgos que implica para la salud, el ambiente y los derechos económicos y sociales de campesinos y pequeños productores.
Se estima que, hasta 2023, el área sembrada con HB4 en la Argentina no llegaba al dos por ciento del total de hectáreas de trigo. El cálculo se hace sobre los datos que comunica la propia Bioceres, que son los únicos disponibles. El Estado nacional dejó de controlar en 2022, cuando el Gobierno autorizó su comercialización.
De acuerdo a la información de la empresa, en 2022 se sembraron unas 50.000 hectáreas, lo que significó un 0,8 por ciento de las 6,1 millones de hectáreas de trigo cultivadas ese año. Para 2023, Bioceres anunció que duplicaría esa superficie al ampliar los canales de venta para llegar a más productores. De haber ocurrido eso, entonces el área con HB4 fue de cerca del 1,7 por ciento del total sembrado. Hasta el cierre de este artículo, la empresa no había comunicado cuánto se estimaba sembrar en 2024. Las superficies y volúmenes totales, sin discriminar el tipo de trigo, las publica todos los años la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Rechazo internacional y local
En el mercado exterior, si bien países como Brasil, Paraguay, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda autorizaron el consumo de trigo HB4, las empresas exportadoras que operan en la Argentina advierten que en ninguno de esos países los importadores lo compran. “Ningún comprador de trigo argentino ha modificado la condición de libre de OGM (Organismo Genéticamente Modificado)”, indicó la Cámara de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) en un comunicado enviado a los acopiadores en octubre pasado, previo a la cosecha.
“Razón por la cual, se reitera que toda mercadería que no cumpla esta condición será motivo de rechazo, así como de reparación económica por posible daños comerciales o logísticos”, advierte el documento, firmado por el presidente de la entidad, Gustavo Idígoras. La Cámara agrupa a las principales exportadoras locales y multinacionales, como AGD, Bunge, Cargill, Cofco, Viterra, Asociación de Cooperativas Argentinas y Agricultores Federados Argentinos.
Esta situación genera preocupación en gran parte de la cadena triguera: si el transgénico se cuela en algún barco para exportación, toda la carga puede ser rechazada. En ese sentido, el presidente de la Federación de Acopiadores de Cereales, Fernando Rivara, señaló que volvieron a reclamar sobre esta situación a los funcionarios nacionales en la reciente edición de “A todo trigo”, el evento anual que organiza la entidad (realizado el 9 y 10 de mayo en el Hotel Sheraton de Mar del Plata). “Continuamos con el riesgo de que aparezca la contaminación en algún barco y tengamos un castigo económico —sostuvo Rivara a Tierra Viva— Lo que queremos saber es quién se va a hacer cargo si eso ocurre, quién lo va a pagar.”
Tanto la Federación de Acopiadores como la Cámara de Exportadores de Cereales hicieron presentaciones ante el Poder Judicial para que se suspenda la aprobación del HB4.
Grandes empresas no quieren el trigo transgénico
Las grandes industrias alimenticias de Argentina tampoco aceptan el transgénico. Molinos Río de la Plata, que concentra la mayor parte del mercado de pastas secas, informó que no compra trigo transgénico. “En Molinos no utilizamos ese tipo de trigo”, respondió Florencia Contento, jefa de Medios de la empresa, ante la consulta de Tierra Viva. Sus marcas de fideos más conocidas son Lucchetti, Matarrazzo, Don Vicente, Favorita, Don Felipe y Canale. También fabrican las harinas Blancaflor y Favorita, además de tapas de empanadas y tartas, pastas frescas y panes rebozadores.
Otra de las marcas de harinas y panes rebozadores que más se venden en los supermercados es Morixe. La empresa, que fue noticia durante la pandemia por el aumento de sus ganancias, también informó que no utiliza trigo HB4. “Morixe no compra esa clase de trigo”, respondió Gabriel Trangoni, del sector de Originación de la empresa.
En el mercado de las galletitas, las principales empresas son Arcor (dueña de Bagley junto con Danone) y Mondelez . En Arcor informaron que tampoco utilizan el transgénico. “El trigo se compra a través de contratos de originación con productores y no se utiliza HB4”, respondieron en el área de Comunicación de la empresa. “Los molinos con los que trabaja Arcor no muelen HB4 para nadie por el riesgo de contaminación”, explicaron.
En Mondelez, fabricante de las marcas Terrabusi, Oreo, Express y Cerealitas, no respondieron a las consultas. Sin embargo, en la Federación de Acopiadores afirmaron que ninguna de las grandes multinacionales acepta el transgénico. “Los proveedores de las multinacionales se cuidan de no tener HB4 porque no lo aceptan”, señaló Rivara.
Población a ciegas, sin información
El trigo transgénico se procesa en molinos que no están identificados —excepto por La Esmeralda— y termina en panaderías, fábricas de pastas, de pizzas y empanadas que tampoco están identificadas.
En la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) no respondieron a la consulta sobre si conocen cuántos y cuáles son los molinos que lo procesan. Y en los centros de panaderos no estaban informados si los molinos que los abastecen utilizan o no el transgénico.
En el Congreso Nacional, el último proyecto de ley ingresado para etiquetar los productos transgénicos es el de la senadora neuquina Silvia Sapag, actual vicepresidenta del Senado, quien insiste con la iniciativa desde hace años.
El proyecto, presentado en marzo de 2024, consta de tres artículos. En el primero se reconoce el derecho de los consumidores “a ser informados fehacientemente si los alimentos que se comercializan contienen Organismos Genéticamente Modificados (OGM)”. En el segundo, se dispone que todo producto alimenticio que se comercialice en el país y que contuviera OGM “deberá llevar impreso en su envase o envoltorio, de modo claramente visible, la leyenda ‘Alimento Transgénico’ y el símbolo que establezca la autoridad de aplicación”. Y, en el tercero, se establece que el Ejecutivo debe adecuar las disposiciones del Código Alimentario Argentino en un plazo de 90 días.
En Diputados, en 2020, los legisladores Darío Martínez, Martín Soria y Guillermo Carnaghi, del Frente de Todos, presentaron el proyecto “Etiquetado de Alimentos Transgénicos”. En 2019, Pedro Miranda, del PJ mendocino, volvió a presentar un proyecto ingresado dos años atrás, mientras que la diputada Ivana Bianchi, de Unidad Justicialista de San Luis, insistió con su iniciativa por tercera vez. Por su parte, Juan Cabandié, del Frente para la Victoria, presentó en 2018 un proyecto que su bloque ya había ingresado en 2016. Al revisar los archivos del Congreso Nacional, se encuentran iniciativas de casi todo el arco político, incluida la UCR, el Partido Socialista, el Frente Grande, GEN, ARI, Proyecto Sur y la Izquierda Unida. Ninguno fue tratado en el recinto.
Fuente: Agencia Tierra Viva/14 de mayo, 2024.
Nota ampliatoria, efectos del Glifosato: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-09-15/en-2025-la-mitad-de-los-ninos-seran-autistas-por-el-glifosato_191835/
