Este lunes un grupo de cerca de 24 mujeres y 25 niños de las naciones Wichí, Tapiete, Chorote, Guaraní y Tobas (Qom) arribó a Salta Capital tras una caminata de varios días desde sus comunidades rurales. La movilización busca visibilizar un problema estructural: la falta de agua potable, servicios básicos y respuestas concretas del gobierno provincial a compromisos asumidos desde hace años. Los manifestantes instalaron acampes cerca del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), denunciando ausencia de camas, cocinas y condiciones dignas de alojamiento para sus familias. Las comunidades piden colaboración solidaria (agua, leche en polvo, pañales, colchones, alimentos y frutas) y una reacción urgente de la opinión pública y las autoridades. (Comunicados sociales del movimiento y redes indígenas).
Este tipo de movilizaciones no es nuevo en Salta. En años recientes comunidades indígenas han protagonizado marchas desde lugares distantes de la provincia hasta la capital para reclamar por tierra, salud, educación y acceso a servicios básicos, especialmente agua potable, un derecho vulnerado desde hace décadas. Organizaciones civiles y relevamientos comunitarios han documentado que miles de habitantes Wichí carecen de acceso a agua segura en sus parajes rurales, y dependen de canales, pozos precarios o agua de lluvia insegura para el consumo doméstico.
El reclamo indígena se enmarca también en una crisis ambiental profunda en la provincia y en toda la región del Gran Chaco argentino, donde el avance de la frontera agropecuaria ha convertido tierras boscosas ancestrales en campos para ganadería y cultivos extensivos.
Datos claves sobre bosques y desmontes
- Organizaciones ambientales como Greenpeace han registrado pérdidas significativas de bosques nativos en Salta durante los últimos años. En 2025, estudios satelitales indicaron que aproximadamente 34 067 hectáreas de bosque nativo se perdieron en la provincia, entre desmontes y incendios forestales, lo que representa un crecimiento preocupante respecto al año anterior.
- Entre enero y septiembre de 2025, la organización ambiental también documentó que casi 11 000 hectáreas de bosque habían sido desmontadas solo ese año en Salta.
- Datos de mapeo nacional muestran que en los últimos 25 años, el norte argentino —incluida Salta— ha perdido grandes cantidades de vegetación natural debido al cambio de uso de suelo a agricultura y pasturas.
- Estudios históricos señalan que Salta fue una de las provincias argentinas con altas tasas de deforestación en décadas anteriores, con desmontes masivos en áreas boscosas del Chaco salteño impulsados por expansión agropecuaria y cambios en las políticas de uso de la tierra.
Agronegocio y concentración de la tierra
La conversión de bosques nativos en tierras agrícolas y ganaderas está íntimamente ligada al modelo económico dominante del agronegocio, que prioriza cultivos extensivos (especialmente soya) y cría de ganado para el mercado internacional. El crecimiento de estas actividades presiona sobre los territorios rurales que históricamente han sido hogar de pueblos indígenas y pequeños productores familiares, desplazando formas de vida tradicionales y provocando pérdida de recursos naturales esenciales como el agua y la biodiversidad.
En ese contexto ambiental, la expansión de la frontera agropecuaria, acompañada en ocasiones por flexibilización de normas ambientales provinciales, ha sido señalada por ONG como un factor que profundiza la vulneración de derechos de comunidades indígenas y la degradación de ecosistemas.
Los referentes de las comunidades que llegaron a Salta sostienen que la falta de políticas públicas específicas, sumada a años de promesas incumplidas del gobierno provincial, constituye una forma continua de etnocidio y racismo institucional. Señalan que los gobiernos provinciales y nacionales han sido sistemáticamente ausentes o insuficientes en la implementación de soluciones estructurales para garantizar el acceso al agua, la salud, la educación y la justicia territorial para los pueblos ancestrales.
Este reclamo, por lo tanto, no solo plantea un problema de emergencia social inmediata, sino también una crítica de fondo a un modelo de desarrollo que ha impactado negativamente en territorios indígenas, tanto en términos ambientales como sociales.
