En medio de una profunda crisis económica y de seguridad, organizaciones sociales ecuatorianas denuncian una escalada de criminalización estatal contra defensoras y defensores de la naturaleza y los territorios. El conflicto se intensificó tras el Paro Nacional de septiembre de 2025, convocado en rechazo al Decreto Ejecutivo 126, firmado por el presidente Daniel Noboa el 12 de septiembre de 2025, que eliminó el subsidio al diésel y elevó su precio de USD 1,80 a USD 2,80 por galón, una medida que entró en vigencia el 13 de septiembre y que ha tenido impacto directo en los costos de transporte, producción y canasta básica en todo el país . Tras el anuncio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones campesinas e indígenas convocaron un paro nacional indefinido desde el 18 de septiembre de 2025, con demandas puntuales como la derogatoria inmediata del decreto, denunciando que la política afecta de forma desproporcionada a los sectores populares
A partir de estas acciones de resistencia popular, el Gobierno respondió no solo con despliegue de fuerzas de seguridad, militarización y decretos de emergencia en varias provincias, que restringieron la libertad de reunión, sino también con una estrategia de disciplinamiento político dirigida a referentes sociales, mediante la asfixia financiera y la criminalización de la protesta social . Líderes y activistas han sido objeto de procesos judiciales, el bloqueo y cierre de cuentas bancarias, y se ha usado la acción penal como herramienta para intimidar y debilitar la organización del movimiento, según denuncias de organizaciones sociales y de derechos humanos que han documentado estas prácticas como parte de un patrón más amplio de represión en el país.
Una de las organizaciones que hoy participaron en una rueda de prensa para los medios indicaron que:
Desde el Frente Nacional Antiminero del Ecuador damos a conocer a los medios de comunicación, organizaciones nacionales e internacionales y a la sociedad en general, la persecución y criminalización sistemática que enfrentamos como defensores y defensoras de la naturaleza, por oponernos al modelo extractivo minero en nuestro país.
Desde su fundación en septiembre de 2021, el Frente Nacional Antiminero ha construido una plataforma de articulación de pueblos afectados por la minería a gran escala, con el objetivo de unificar nuestras resistencias y colocar en el debate nacional la problemática minera.
La criminalización de defensoras y defensores de la naturaleza en Ecuador no es nueva, pero se ha profundizado en los últimos años, especialmente en provincias donde existen conflictos mineros activos como Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos y Azuay, donde se registran más de 200 campesinas y campesinos criminalizados.
Sin embargo, desde el año 2025, el poder corporativo minero junto con el Gobierno de Daniel Noboa, iniciaron una arremetida política, jurídica y económica dirigida contra el Frente Nacional Antiminero.
Desde julio de 2025, abogados de las grandes transnacionales y autoridades del Gobierno, empezaron un relato estigmatizante, tratando de vincularnos con el “crimen organizado y la minería ilegal”, así como de recibir “fondos irregulares”. En el contexto del Conflicto Armado Interno en Ecuador, este discurso malintencionado tiene el objetivo de estigmatizar, amedrentar e incluso atentar contra la vida de quienes defendemos el agua y la vida, bajo la lógica de los “falsos positivos”.
En agosto de 2025, gracias a un proceso de justicia indígena comunitaria realizada en la provincia de Cotopaxi, se reveló la existencia de una red de inteligencia policial en Ecuador dedicada a espiar a organizaciones sociales, entre ellas, el Frente Nacional Antiminero.
La estigmatización pública y el espionaje, dieron paso a la judicialización. En el marco del Paro Nacional de septiembre de 2025 convocado por varias organizaciones sociales del país, el Gobierno de Daniel Noboa puso en marcha una campaña de criminalización contra organizaciones sociales, incluso antes de que iniciaran las movilizaciones.
El 18 de septiembre de 2025, una lista de 61 personas —dirigentes sociales, ecologistas, académicos y defensores de derechos humanos— fue sometida a procesos judiciales por el presunto delito de “enriquecimiento ilícito no justificado”. Entre ellas se encuentran 16 integrantes del Frente Nacional Antiminero.
Paralelamente, se bloquearon las cuentas bancarias personales de nuestras compañeras y compañeros sin orden judicial ni justificación administrativa. En octubre de 2025, ante la ausencia total de pruebas, el Gobierno amplió los cargos incorporando la figura de “financiamiento de terrorismo”, con evidente objetivo de amedrentar, generar miedo y desarticular la resistencia frente al modelo extractivo.
Han pasado cinco meses desde el inicio de esta judicialización y aunque nuestra defensa legal ha demostrado la falsedad de las acusaciones y los tribunales han ordenado desbloquear cuentas, el acoso persiste. Seis integrantes del FNA han sufrido el cierre definitivo y unilateral de sus cuentas bancarias, en una clara forma de asfixia financiera que vulnera derechos fundamentales.
Frente a esta persecución, hemos decidido hacer público este violento y arbitrario proceso de criminalización contra el Frente Nacional Antiminero, así como también a otras organizaciones hermanas defensoras de derechos y del movimiento indígena ecuatoriano.
En esta rueda de prensa podes escuchar los testimonios de activistas y defensores de la naturaleza:
El uso del sistema financiero como herramienta de silenciamiento político
En distintos países, organizaciones humanitarias y de derechos humanos han denunciado el uso de mecanismos financieros y legales para restringir y criminalizar la labor de organizaciones y referentes críticos, una práctica que hoy se replica en Ecuador. En El Salvador, la Ley de Agentes Extranjeros aprobada en 2025 impuso un impuesto del 30 % a las donaciones internacionales de ONG y habilitó controles que, según más de 70 organizaciones nacionales e internacionales, afectan la libertad de asociación y expresión. Situaciones similares se registraron en Georgia, donde tribunales congelaron cuentas de organizaciones civiles en procesos cuestionados por organismos internacionales.
Estas prácticas han motivado alertas de instancias internacionales que recuerdan que el derecho a buscar, recibir y utilizar recursos, incluidos fondos de cooperación internacional, forma parte de la libertad de asociación, protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los estándares interamericanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a El Salvador a derogar su ley, mientras Amnistía Internacional y Human Rights Watch advirtieron que el uso del sistema financiero como castigo constituye una forma de silenciamiento incompatible con los derechos humanos.
En Ecuador, estas medidas contradicen además la propia Constitución, que garantiza la libertad de asociación, el debido proceso, el derecho a la resistencia y reconoce los derechos de la naturaleza. El bloqueo y cierre arbitrario de cuentas bancarias a referentes socioambientales no solo configura una forma de hostigamiento político, sino una grave vulneración de obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por el Estado.
En ese marco, lanzamos la campaña «SIN DEFENSORES NO HAY DERECHOS”, para visibilizar y exigir el cese inmediato de la persecución y toda forma de criminalización contra quienes defienden la naturaleza.
Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación a visibilizar de manera activa lo que está ocurriendo en Ecuador: el uso del sistema penal y financiero como herramienta de persecución contra quienes defienden la naturaleza y los territorios.
Es fundamental la presión al Gobierno ecuatoriano para que se respeten garantías constitucionales para las personas criminalizadas, vigilar el respeto al debido proceso y denunciar ante instancias nacionales e internacionales esta política de persecución que amenaza libertades fundamentales.
Recalcamos que esta persecución se da en el contexto de consolidación de un Gobierno dictatorial que imponen políticas a través de leyes y decretos que aceleran la transformación del Ecuador de país megadiverso a territorio de saqueo y despojo minero, vulnerando derechos fundamentales y los derechos de la naturaleza.
En ese sentido, ante la eventual aprobación en las próximas horas, por parte de la Asamblea Nacional, del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, hacemos pública esta campaña de denuncia sobre el proceso de criminalización que enfrentamos y exigimos, con la misma firmeza con la que defendemos los territorios, el archivo inmediato de esta ley que terminará por configurar un escenario favorable para las corporaciones multinacionales.
Hoy más que nunca reafirmamos que defender el agua, los territorios y la vida no es delito, es un derecho y una responsabilidad histórica frente a las futuras generaciones.
Podes apoyar visitando el sitio de la Campaña y compartí:
«Sin defensores no hay derechos», campaña contra la criminalización a luchadores sociales en el Ecuador
Cerca de 100 líderes, dirigentes, ex dirigentes, biólogos, comunicadores perseguidos por el gobierno de Daniel Noboa y sujetos a un sistemático acoso financiero con el bloqueo y cierre definitivo de cuentas bancarias.
