Por Claudia Castro Tirina
La fundación ENASHU que trabaja en el norte de la provincia de Salta, denunció que a una niña wichí le colocaron un implante anticonceptivo sin brindarle ninguna explicación ni solicitar el consentimiento informado. Días después, fue encontrada con un sangrado persistente en inmediaciones del paraje Desemboque, en el Chaco salteño.
ENASHU alertó sobre el hecho a través de redes sociales sobre la colocación de un método hormonal de larga duración en una menor sin información previa ni controles posteriores, donde la niña fue hallada con sangrado persistente y signos de debilidad en una zona rural del norte provincial.a encontraron sentada al costado de un camino de tierra, cerca de ‘Desemboque’. No estaba jugando. No estaba esperando a nadie. Estaba doblada sobre sí misma, con la mirada perdida y el cuerpo vencido”, relató una de las integrantes del equipo que intervino en el lugar.
Según informaron, cuando se acercaron a asistirla, la niña apenas podía hablar. “Me dijo que se sentía ‘floja’. Que tenía vergüenza. Que hacía muchos días estaba sangrando”. Además la menor señaló su brazo y expresó: “Me pusieron algo”.
Al examinarla, una médica del equipo palpó en la cara interna del brazo un implante anticonceptivo subdérmico. De acuerdo con la denuncia, la niña no sabía qué dispositivo le habían colocado ni cuáles podían ser sus efectos, y tampoco contaba con controles posteriores al procedimiento.
El implante subdérmico es un método hormonal de larga duración con más del 99% de efectividad para prevenir embarazos y cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud.
Su colocación requiere una evaluación clínica previa, información adecuada a la edad y consentimiento informado. Entre los efectos adversos más frecuentes figura el sangrado uterino irregular, que en algunos casos puede prolongarse.
En este contexto, la organización sostuvo que la niña presentaba bajo peso y signos compatibles con déficit de hierro. “Ese sangrado no es una molestia. Es una condena silenciosa”, indicaron al describir el cuadro clínico con características de vulnerabilidad nutricional.
No obstante, la asistencia se realizó en el propio territorio, sin acceso inmediato a estudios de laboratorio ni equipamiento diagnóstico. “La evaluamos en el suelo, con polvo y calor”, manifestaron. Además se le administró suplementación con hierro y vitaminas, y se dispuso el seguimiento clínico.
La OMS advierte que la anemia por deficiencia de hierro en niñas y adolescentes puede afectar el desarrollo cognitivo, la capacidad física y el sistema inmunológico, y que en casos severos puede comprometer la vida.
En este contexto, afirmaron que “nadie explicó, nadie pidió consentimiento y nadie volvió a verla”, y advirtieron que la falta de controles posteriores agrava los riesgos, especialmente en zonas rurales alejadas de centros de salud como era este caso.
Cabe recordar que no es la primera vez que sucede este tipo casos, en el año 2022 hubo denuncias por parte de un legislador, que indicaba que existía la colocación de estos dispositivos a niñas en el Hogar salteño Santa María Goretti sin el consentimiento, pero también otros casos en comunidades originarias de Formosa.
Según expresó la organización, lo que se produjo es un violación a las normas, tales como Ley 26.061 que dice que “las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos plenos, con autonomía progresiva y derecho a que sus opiniones sean consideradas en todos los asuntos que les afecten. Además de que tienen derecho a su integridad física, sexual y mental, que no puede ser vulnerada por decisiones arbitrarias de terceros. Esto implica que decisiones médicas sobre su cuerpo no pueden llevarse a cabo sin respetar su voluntad y procesos de consentimiento adecuados.
Si bien, hasta el momento no se informó oficialmente qué institución realizó la colocación del implante ni si se inició una investigación administrativa o judicial, no deja de ser llamativo el silencio.
Desde la fundación advirtieron que desde que se realizó la denuncia pública, la misma sufrió la baja por denuncias de terceros en la plataforma, y que nada tenía que ver con el ocultamiento de dicha información. Sin embargo, luego de haber manifestado que no violaban las normas (de la comunidad virtual), nuevamente se dio de baja el comunicado.
Este caso vuelve a poner en debate las condiciones de acceso a la salud sexual en comunidades indígenas del norte salteño y la obligación de garantizar información clara, consentimiento y seguimiento en cada intervención sanitaria.
Caso históricos de Groenlandia
A miles de mujeres en Groenlandia, incluidas algunas de apenas 12 años, se les implantó un dispositivo anticonceptivo intrauterino (conocido como DIU o espiral), en muchos casos sin su consentimiento, como parte de una campaña danesa para controlar la creciente población inuit de Groenlandia en los años 60 y 70.
La campaña fue diseñada para controlar el crecimiento de la población en Groenlandia, que se había disparado desde la década de 1950, con la ayuda de la modernización y una mejor atención médica. Este crecimiento, además de una tasa cada vez mayor de embarazos adolescentes, había alarmado a las autoridades danesas.
En 1970, la campaña se consideró un «éxito» ya que las tasas de fertilidad habían caído drásticamente, y la tasa siguió cayendo durante algún tiempo después de eso.
En los ocho años transcurridos desde el inicio de la campaña en 1966 hasta 1974, cuando se estabilizó, la tasa de fertilidad de Groenlandia se desplomó de siete hijos por mujer a 2,3.
En septiembre del 2022, Dinamarca y Groenlandia acordaron iniciar una investigación de dos años, para establecer qué sucedió hasta 1991, cuando Groenlandia tomó el control de su sistema de salud de manos de Dinamarca.
Para septiembre del 2025 se reconoció públicamente una de las políticas más polémicas vinculadas al pasado colonial danés respecto a que entre 1960 y 1991, autoridades colocaron dispositivos intrauterinos y administraron tratamientos hormonales a niñas y adolescentes, muchas de tan solo doce años, como parte de una política sanitaria que dejó consecuencias físicas y emocionales perdurables en cientos de familias del territorio autónomo.
Fuentes: Diario Infosalta, Infobae
