En el noreste argentino, dentro de la selva paranaense, comunidades del Pueblo Mbya Guaraní vuelven a quedar en el centro de un conflicto que combina intereses empresariales, desprotección estatal y una larga historia de despojo territorial. La Comunidad Tekoa Oka Porã, situada en la zona de Puerto Libertad y próxima al lago Urugua-í, denunció a nivel internacional una serie de episodios de hostigamiento, amenazas e intimidación vinculados a la expansión forestal de la multinacional Arauco.
El mburuvicha (autoridad tradicional) Javier Martínez recorrió más de 260 kilómetros hasta la ciudad de Posadas para solicitar la intervención de la Dirección de Asuntos Guaraníes y avanzar en el trámite de Personería Jurídica, una herramienta clave para el reconocimiento formal de la comunidad y la defensa de sus derechos colectivos. Sin embargo, las respuestas oficiales han sido hasta el momento limitadas y sin definiciones concretas, profundizando la incertidumbre.
Según relatan las familias, desde fines de 2025 comenzaron a registrarse visitas reiteradas de personas que se presentan como representantes de la empresa forestal, en algunos casos acompañadas por efectivos policiales. El mensaje se repite: el territorio sería “propiedad privada” y la comunidad debería retirarse. No obstante, nunca se exhibieron documentos que respalden esas afirmaciones. Esta modalidad de presión no es excepcional y se replica en otros espacios de recuperación territorial Mbya, como Puente Quemado II.
Antecedentes de una historia que se repite
La zona donde hoy se asienta Oka Porã ya había sido habitada históricamente por comunidades Mbya Guaraní. La construcción de la represa Urugua-í implicó el desplazamiento forzado de familias indígenas, que perdieron su territorio sin procesos adecuados de consulta ni reparación. Décadas después, el avance del modelo forestal industrial —basado en monocultivos de pino y eucalipto— volvió a tensionar la relación entre empresas, Estado y pueblos originarios.
Estos conflictos no son nuevos en Misiones. Desde hace años, comunidades Mbya denuncian desalojos encubiertos, criminalización de la defensa territorial y ausencia de políticas públicas eficaces para garantizar la propiedad comunitaria de la tierra. Incluso, decenas de comunidades han llevado sus reclamos a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la falta de respuestas estructurales del Estado argentino.
Misiones es una de las provincias argentinas con mayor presencia indígena. Allí habita principalmente el Pueblo Mbya Guaraní, con más de 120–130 comunidades distribuidas en todo el territorio provincial. En su gran mayoría, estas comunidades mantienen un modo de vida estrechamente ligado al monte, los cursos de agua y la biodiversidad.
La vida Mbya se organiza en torno al ñande reko (su forma de ser y vivir), que integra espiritualidad, comunidad y naturaleza. El monte no es solo un espacio económico: es fuente de alimento, medicina, conocimiento ancestral y equilibrio espiritual. Muchas familias complementan su subsistencia con la producción de artesanías, trabajos temporarios o programas sociales, siempre en un contexto de alta vulnerabilidad social.
A pesar de su presencia histórica, solo una parte minoritaria de las comunidades cuenta con títulos de propiedad comunitaria, lo que las expone permanentemente a conflictos con empresas forestales, emprendimientos turísticos y obras de infraestructura.
Qué leyes los protegen
El marco legal que ampara a los pueblos indígenas en Argentina es amplio, aunque su aplicación suele ser deficiente:
- Constitución Nacional (art. 75 inc. 17): reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
- Convenio 169 de la OIT, con jerarquía supralegal: obliga al Estado a realizar consultas previas, libres e informadas ante cualquier medida que afecte a los pueblos indígena.
Pese a este andamiaje jurídico, la brecha entre la ley y la realidad sigue siendo profunda en Misiones.
Hoy, en Tekoa Oka Porã, viven cinco familias —diecinueve personas— bajo una presión constante. Aun así, la comunidad reafirma su decisión de permanecer, sostener su Opy (espacio espiritual) y cuidar el territorio que consideran parte inseparable de su identidad.
La disputa no es solo local. Lo que ocurre en Misiones refleja un patrón regional: pueblos originarios enfrentados a modelos extractivos que priorizan la rentabilidad económica por sobre los derechos humanos, la diversidad cultural y la protección ambiental. En ese escenario, la resistencia Mbya no es solo una defensa territorial, sino también una interpelación directa a la comunidad internacional.
Fuentes: EMIPA, Primera edición
