Hace 35 años, militares y paras cometieron uno de los crímenes más atroces contra los pueblos indígenas. Ahora, ante la JEP, algunos de ellos dan explicaciones por primera vez. Pero sus relatos están llenos de vacíos y evasiones.
Por: Jaime Flórez / Ilustración: Juanita Chavarro @jucacha
Durante 35 años, el coronel retirado Luis Fernando Urrego, señalado como responsable de la tortura y el asesinato de tres mamos arhuacos, máximos líderes espirituales de su pueblo, no fue cuestionado ni una sóla vez por la justicia. “Nada, nunca me preguntaron”, le contestó el oficial a Ana Caterina Heyck, magistrada de la JEP, el pasado 23 de mayo, cuando ella le preguntó qué había contado durante todos estos años sobre los homicidios, perpetrados a finales de 1990.
El hecho de que ninguna instancia judicial hubiera al menos interrogado a Urrego durante más de tres décadas ilustra el esquema de mentiras y ocultamientos que se construyó alrededor de este caso. En la audiencia judicial, el coronel retirado confesó que estuvo presente en la escena del crimen, cuando los mamos fueron asesinados a tiros. Sin embargo, su testimonio está lleno de vacíos, titubeos y respuestas contradictorias, que, a su vez, chocan con otras versiones dadas en el último año por varios militares, entre ellos un general retirado.
Aunque en declaraciones recientes los militares han contado detalles nuevos, que aportan luces al caso, los representantes de las víctimas señalan – y la JEP investiga- que los militares estarían acomodando sus testimonios para librarse de culpas. Una situación que alarga la vergonzosa impunidad sobre uno de los crímenes más viles entre todos los que se han cometido contra las comunidades indígenas en Colombia. VORÁGINE contrastó las recientes declaraciones y reconstruyó lo que se sabe del asesinato de los mamos.
La desaparición de los mamos
Los mamos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro dirigieron durante años las luchas del pueblo arhuaco por el acceso a la educación, la salud y, sobre todo, por la autonomía de su territorio, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre La Guajira, Magdalena y Cesar. Luis Napoleón, el gobernador, había defendido a su pueblo de la misión capuchina, que durante décadas intentó evangelizar y “civilizar” a los arhuacos, poniendo en riesgo su cultura propia. También se opuso a los colonos que invadieron sus tierras, muchos de ellos atraídos por la bonanza marimbera en la región.
Al mediodía del 28 de noviembre de 1990, en Valledupar, los tres mamos abordaron un bus con rumbo a Bogotá. Por esos días, el país se alistaba para elegir a los delegatarios que participarían en la Asamblea Nacional Constituyente, de la que saldría la nueva carta política. Los líderes arhuacos viajaban a la capital para exponer los intereses de su pueblo en medio de ese proceso. Les dijeron a sus familiares que estarían de regreso en la Sierra a la semana siguiente. Pero sobre las 4 de la tarde, el bus se detuvo en un paraje de Curumaní, Cesar. Allí, un grupo de hombres armados, entre los que iban paramilitares y miembros del Ejército, abordó a los mamos, los obligó a subirse a una camioneta y se los llevó para siempre.
Pocas horas después, en la noche de ese mismo día, ocurrió un operativo militar relacionado estrechamente con la desaparición de los mamos. Soldados del batallón La Popa de Valledupar detuvieron, en sus viviendas, a los hermanos Vicente y Amado Villafañe, indígenas arhuacos que vivían en la capital del Cesar. Según el relato de las víctimas, consignado en los expedientes judiciales, fueron torturados en las instalaciones de esa unidad militar: Les hundieron la cabeza en una acequia, los golpearon, les apuntaron con pistolas, les dijeron que los iban a matar.
También los presionaron para que dieran información sobre el paradero de José Mattos, miembro de una prestante familia costeña, quien llevaba varios meses secuestrado por las Farc. Los indígenas no sólo fueron interrogados por militares. Al batallón también llegó Eudardo Mattos, hermano del secuestrado, para tratar de obtener información. Aunque los Villafañe no sabían nada sobre el secuestro, los presionaron a tal punto que a Vicente lo subieron a un helicóptero en el que sobrevolaron la Sierra, para que señalara el área donde podía estar José Mattos.
Los hermanos fueron liberados el 4 de diciembre, tras seis días de detención. Entonces contaron que, durante los interrogatorios, les dijeron que también habían detenido a otros tres indígenas, quienes supuestamente ya habían confesado la participación de la comunidad arhuaca en el secuestro. Esa fue la pista que unió los casos, con la que quedó claro que a los mamos se los habían llevado por la misma razón que a los Villafañe: para interrogarlos sobre el paradero del secuestrado.
Los cuerpos de los mamos aparecieron el 2 de diciembre en diferentes parajes de la región. Todos tenían signos de tortura y tiros de gracia. Lo que vino luego es un entramado de impunidad sostenida durante 35 años.
En 1992, la Procuraduría declaró culpables de esos crímenes al coronel Luis Duque Izquierdo, comandante del batallón La Popa de Valledupar, y al teniente Pedro Fernández Ocampo, oficial de inteligencia de esa misma unidad. Sin embargo, esa fue solo una sanción disciplinaria. En el terreno penal, la justicia militar asumió la investigación y la cerró ese mismo año, sin emitir una condena. Así que ningún militar ha pagado por esos crímenes. Solo Reynaldo Malaver, un paramilitar raso, fue condenado por el asesinato de los mamos.
El proceso estuvo prácticamente congelado durante 30 años. En 2019, la Corte Suprema ordenó que el expediente volviera a la justicia ordinaria y el caso fue reabierto en la Fiscalía. Desde el año pasado, la JEP empezó a citar a los implicados. Algunos de ellos, pese a su estrecha vinculación con esos crímenes, nunca habían sido interrogados. En medio de esos vaivenes de la justicia, el pueblo arhuaco lleva 35 años esperando para conocer la verdad de lo que sucedió durante los cuatro días transcurridos entre el secuestro de los mamos y la aparición de sus cuerpos.
La verdad de la madre
En abril del año pasado, en un hecho inédito, la JEP llevó a cabo una audiencia en la comunidad Ikarwa, sobre las estribaciones de la Sierra Nevada. Los arhuacos recibieron en uno de sus lugares sagrados al coronel (r) Luis Fernando Duque y al capitán (r) Pedro Antonio Fernández, los dos militares que, según el fallo de la Procuraduría, participaron en el crimen de los mamos. Los líderes del pueblo explicaron que les permitieron la entrada a su territorio con la intención de que “la madre”, es decir, la tierra, los escuchara, pues sólo ella podría determinar si lo que decían era verdad. Junto a una piedra enorme y sagrada, decenas de indígenas oyeron los relatos de los exoficiales.
El capitán Pedro Fernández, oficial de inteligencia del batallón La Popa cuando ocurrieron los hechos, aseguró ante los arhuacos que el 28 de noviembre de 1990, el coronel Duque, comandante de esa unidad, quien lo acompañaba en la diligencia, le ordenó que desapareciera a los hermanos Villafañe. Según su relato, tras recibir la instrucción, se dirigió a una de las viviendas, donde supuestamente escondían armas y municiones de grupos subversivos, pero en el camino les dijo a los soldados que lo acompañaban que no cumplirían la orden de desaparecer a los hermanos. Finalmente, el capitán Fernández detuvo a Vicente, mientras otro grupo de militares capturó a Amado, y los llevaron al batallón. En los operativos no encontraron armas.
Durante la detención en el batallón, dijo Fernández, fue testigo de otras irregularidades. Aseguró que a esa unidad militar llegó Eudardo Mattos, hermano del secuestrado, quien, con autorización del general Juan Salcedo Lora, comandante de la brigada a la que pertenecía el batallón, entró al lugar donde estaban detenidos los hermanos Villafañe y los interrogó. Dijo que Mattos les ofreció cinco millones de pesos a los indígenas por información sobre el secuestrado, y que el coronel Duque le metió un revólver en la boca a Vicente Villafañe.
Frente a los arhuacos, el coronel Duque negó lo dicho por Fernández. Dijo que no torturó a los Villafañe ni ordenó que los desaparecieran. Entonces contó su versión sobre esos mismos hechos. Según su relato, el 28 de noviembre de 1990, Fernández entró a su oficina y le dijo que tenía información de que en dos viviendas del barrio Garupal estaban guardando armas de la guerrilla. Eran las casas de los hermanos Villafañe.
El coronel aseguró que se enteró de las capturas al día siguiente, cuando Fernández se lo reportó. Entonces, llamó a su superior, el general Salcedo Lora, y le contó de las detenciones de los dos indígenas arhuacos. “El general Salcedo me dice: ‘hombre, ya que tiene dos indígenas allí, llame al señor Eudardo Mattos para que vaya, los entreviste y sepa si pueden darle información de su hermano secuestrado’”.
El coronel Duque aseguró que Mattos fue al batallón y estuvo reunido cinco minutos con uno de los Villafañe. En la noche de ese día, el siguiente a la detención de los hermanos, llegó otro miembro de la familia Mattos al batallón: José, primo del secuestrado. Iba con una persona vestida de civil, a quien Mattos le presentó como un mayor del Ejército, jefe de inteligencia de la Brigada Móvil Número 1. En esa reunión, dijo Duque, José Mattos le contó cómo fue la detención de los mamos.
Según Duque, Mattos le dijo que se había enterado de que en un bus de servicio público iban tres indígenas que sabían dónde estaba el secuestrado. Entonces, Mattos llamó a la brigada móvil, que estaba acantonada en Curumaní, y una patrulla salió a interceptar el bus. Esa patrulla iba comandada por el mayor que estaba en la oficina de Duque, vestido de civil. Detuvieron a los mamos y los llevaron a una casa de Mattos en Valledupar.
Según Duque, en esa misma reunión en la que le contó de la detención de los mamos, José Mattos lo invitó a comer a un club social, pero antes debían pasar por la casa de Mattos para dejar allí al mayor que iba vestido de civil. Agregó que entró a la casa y allí vió, en el patio trasero, a los tres mamos detenidos.
El coronel, sin embargo, negó cualquier participación en el asesinato de los líderes arhuacos. “El responsable es la brigada móvil en cabeza directa del mayor”, dijo durante la audiencia, refiriéndose al militar que llegó vestido de civil a su oficina y que, según supo luego, se llamaba Luis Urrego.
Durante casi tres horas, los arhuacos escucharon las declaraciones de los militares en la comunidad Ikarwa. Sentados en la enorme piedra sagrada, los hombres poporeaban y mambeaban coca, mientras las mujeres tejían. Luego, las autoridades arhuacas les hablaron al coronel Duque y al capitán Fernández en su propia lengua: “El espíritu, el sol, la tierra los escucharon y nos dicen que están mintiendo. Esta piedra sagrada que está aquí no está conforme, aún pide justicia. ¿Por qué, 34 años después, vienen a decirnos en nuestro territorio que no tienen culpa? Sentimos que vienen a victimizarse, nada más”, dijo el mamo Eugenio.
El mamo Kingamao también habló: “Los espíritus de los líderes asesinados están escuchando para ver si es real lo que ustedes están manifestando, pero no. La piedra que ustedes ven aquí está escuchando atentamente y nos dice que esta no es la verdad. Nosotros también realizamos las investigaciones correspondientes y sabemos que esto no es cierto. Si no nos cuentan algo que no sepamos, sentiremos que ustedes vinieron a nuestro territorio a seguirnos engañando, a seguir burlándose de nosotros”.
Las contradicciones del coronel Urrego
El pasado 23 de mayo, el coronel Luis Urrego, señalado por el coronel Duque y por otros testigos de haber liderado el secuestro y la desaparición de los mamos, compareció por primera vez ante la justicia por este caso. Cuando ocurrieron los hechos, era mayor y oficial de inteligencia de la Brigada Móvil Número 1, bajo el mando del general Hugo Tovar. El hecho de que Urrego nunca hubiera dado una declaración en 35 años, y que siguiera en su carrera militar hasta ascender a coronel sin tener que dar explicaciones, es una muestra inobjetable de impunidad.
El mes pasado, ante la magistrada Ana Caterina Heyck, Urrego aseguró que, a finales de 1990, por orden del general Tovar, viajó a hacer labores de inteligencia al sur del Cesar. Según su testimonio, el general le dijo que fuera a Curumaní y tomara contacto con Alfonso Macías, amigo de Tovar, ganadero y empresario palmero que ha sido señalado por varios paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, de financiar y auspiciar esos grupos criminales.
Urrego se contactó con Macías, quien, a su vez, le presentó a John Ramírez, su jefe de seguridad. Entonces, Urrego y Ramírez empezaron a viajar a los pueblos de la región para recoger información. En una de esas jornadas llegaron a Valledupar y se reunieron con algunos empresarios, entre ellos varios miembros de la familia Mattos. Fue ahí, dijo Urrego, que escuchó por primera vez del secuestro de José Mattos. Aseguró que los miembros de esa familia insistían en que lo tenían escondido en la Sierra, y que los indígenas conocían su paradero.
Urrego relató que siguió recogiendo información en la zona junto a Ramírez y cada tanto viajaba a reportarle al general Tovar. Entretanto, se quedaba en la finca Betania, donde había una base militar del Ejército, y en algunas ocasiones dormía en Valledupar, en un apartamento de un primo del secuestrado. Esa vivienda era de Carlos Mattos, el empresario que luego se hizo conocido por haber sido el representante de Hyundai en Colombia, y por estar vinculado a varios escándalos de corrupción.
Según Urrego, una noche, a finales de noviembre de 1990, estaba reunido con Ramírez y José Mattos cuando se enteraron de que los hermanos Villafañe habían sido detenidos en el batallón La Popa. Los tres se fueron para esa unidad militar, donde se encontraron con el coronel Duque. Agregó que fue testigo de que Duque insultó y golpeó a uno de los detenidos, y que decía que los Villafañe sabían dónde estaba el secuestrado.
Al ver el maltrato, dijo Urrego, se fue del batallón y pasó la noche en el apartamento de Carlos Mattos. Al día siguiente decidió ir a Aguachica para informar al general Tovar de lo que había visto. Urrego aseguró que se fue con Ramírez, quien conducía una camioneta Toyota blanca. “A la altura de Chiriguaná, John Ramírez empezó a decir: ‘Oiga, hay que capturar a tres indígenas que van en un bus’. Y yo le dije: ‘eso es órden de quíen’. Y él dijo: ‘Órdenes de arriba, que hay que capturar a tres indígenas que van en un bus’”.
De pronto, dijo Urrego, Ramírez señaló un bus y se parquearon adelante. “En eso apareció otro carro atrás lleno de civiles, se subieron al bus y bajaron a tres indígenas”. Según Urrego, sólo hasta ese momento, desde su llegada a la región, entendió que estaba tratando con un grupo criminal encabezado por Ramírez.
Repartieron a los mamos en los dos carros y se los llevaron a la hacienda Betania. Al día siguiente, aseguró Urrego, Ramírez le dijo que “había que salir de ellos”, refiriéndose a los mamos. Supuestamente entendió esa frase como que los iban a dejar libres. Entonces montaron a los mamos en dos vehículos y tomaron la carretera. Llegando a Bosconia, dijo Urrego, Ramírez se detuvo, bajó al mamo que iba con ellos y le disparó. Luego, en el carro que iba atrás se repitió la misma acción con los otros mamos.
Urrego dice que quedó en shock y lo siguiente que supo es que estaba abordando un avión con destino a Bogotá. Aseguró que pocos días después le informó al general Tovar de todo lo que había visto, y que el alto oficial le contestó: “coma callado, usted no lo hizo, no va a pasar nada, cállese la boca”.
Aunque reconoció su presencia en la escena del crimen, el testimonio de Urrego está lleno de vacíos y contradicciones. Entre otras, dijo que primero vió a los hermanos Villafañe detenidos en el batallón La Popa, y al día siguiente fue testigo del secuestro de los mamos. Este es un relato imposible, pues está probado que el secuestro de los mamos ocurrió antes de la detención de los hermanos Villafañe.
Reynaldo Malaver, el paramilitar condenado, quien ha aceptado su participación en esos crímenes, ha dicho en distintas declaraciones que fue Urrego quien dirigió las operaciones contra los mamos, pues estaba interesado en cobrar la recompensa que los Mattos ofrecían por la liberación del secuestrado. Y que, finalmente, fue ese oficial quien dió la orden de que los desaparecieran y “no dejaran rastros”.
Germán Romero, abogado de las familias de los mamos asesinados, asegura que los militares siguen mintiendo ante la JEP: “Cada quien está tratando de salvar su responsabilidad, minimizando lo más posible su determinación o participación en los hechos y tratando de endosar responsabilidades a quienes ya no pueden responder”.
Antes de la titubeante declaración del coronel Urrego, la magistrada Caterina Heyck, de la JEP, ya había abierto un incidente de incumplimiento contra varios de los militares llamados a responder por estos crímenes, entre ellos el general Juan Salcedo Lora, los coroneles Luis Fernando Duque y Rafael Mejía y el capitán Pedro Fernández. La decisión se tomó “por el presunto incumplimiento de la obligación de aportar verdad plena y no mentir”.
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Fuente: Vogarine
